"Desde las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoc, en Jujuy, junto con los representantes de Catamarca y Mendoza venimos a decir que no es como lo contaron nuestros gobernadores en estos mismos espacios. Dijeron que tenían permiso social para que vengan las nuevas inversiones de la Unión Europea para el litio. No es así", dice a DW Verónica Chávez, de Santuario de Tres Pozos en Jujuy, Argentina.

Esta lideresa comunitaria llegó a Bruselas en una comitiva, seis meses después de que las autoridades de esas provincias argentinas ofrecieran, durante la Raw Materials Week (diciembre 2024), un entorno afable y pródigo para las inversiones europeas con el fin de cumplir con sus objetivos Pacto Verde.

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Litio, cobre, níquel, cobalto y aluminio son parte de la lista de 34 materias primas claves para la transición verde europea. Asegurar y diversificar su suministro es clave para Bruselas.

Para ello ha venido firmando acuerdos que abren la puerta a su extracción en países que son "socios fiables", uno de ellos, Argentina (memorándum de entendimiento UE-Argentina, julio 2023). Pero desde los territorios que son fuente de esos minerales, el asunto se ve diferente.

El litio acaba no solo con el agua

"Si vienen más inversiones, para nosotros todo se acaba. Lo sabemos porque ya hay empresas que explotan el litio en Salinas Grandes. Nunca se sabe de dónde son, pues siempre cambian su nombre. En apenas diez años, nuestros jóvenes ya no pueden lavarse la cara en las fuentes de agua", afirma Verónica Chávez. Se refiere, por ejemplo, a extracciones de litio en el salar de Cauchari-Olaroz.

"Entraron dividiendo a las comunidades con promesas a menudo falsas: una camioneta, una casa, dinero. Pero nosotros venimos a decirle a la Comisión Europea que nuestras decisiones son comunitarias, porque ese territorio es de derecho comunitario. No queremos irnos de la tierra de nuestros tatarabuelos. Vivimos de ella. Tenemos ganado, artesanías, trabajamos la sal, nos dedicamos al turismo", cuenta Chávez. Y resalta que Salinas Grandes fue declarada, en 2019, una de las siete maravillas naturales de Argentina.

Un entramado legal nuevo

No obstante, "el desalojo está a la vuelta de la esquina", cuenta a DW Ñushpi Quilla Mauhay Alancay, abogada de Malalweche, organización que representa a 25 comunidades del pueblo mapuche. "Vienen reclamando desde 2020. Pero en octubre y en diciembre de 2024 hubo dos retrocesos muy grandes que dejan en absoluta vulnerabilidad a los pueblos indígenas", sigue Mauhay Alancay, ella misma de la comunidad quechua colla.

¿A qué retrocesos de refiere? "Lo primero fue derogar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el encargado de otorgar personería jurídica a las comunidades. Esta competencia fue delegada a los gobiernos provinciales. En Mendoza, por ejemplo, no existe una institución para asuntos indígenas. Lo segundo fue acabar con la ley 26.160 que preveía protección para evitar desalojo de pueblos indígenas que no tuvieran aún personería jurídica", responde.

Y aunque, en realidad, la propia Constitución argentina reconoce desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas (Artículo 75, Inciso 17), la falta de instituciones que reconozcan sus derechos los deja a merced de la agenda empresarial.

¿Exploraciones y desalojos en la mira?

"En este momento hay dos empresas que ya están haciendo exploraciones. Estamos seguros de que vienen inversiones europeas. Por eso venimos a recordarles que no pueden hacerlo sin nuestro consentimiento", destaca Verónica Chávez. En su opinión, en las instancias europeas visitadas encontraron un oído abierto a la preocupación por los acuíferos. Cabe recordar que las inversiones para el Pacto Verde, del programa europeo Global Gateway, prevén que sean para un transición verde, digital y socialmente justa.