El Gobierno nacional anunció este miércoles una reforma migratoria para endurecer el ingreso de extranjeros a la Argentina. Las medidas incluyen requisitos más severos para obtener la ciudadanía argentina, la expulsión inmigrantes ilegales o con condenas. Además, también intentarán que paguen los servicios de salud y educación pública.

 El encargado de dar la noticia fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien explicó que cualquier inmigrante con condena será expulsado del país y que correrá el mismo destino aquel que mienta en la información para el ingreso.

Acompañado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, ubicados en la primera fila de la sala, Adorni detalló: "De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados".

"La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado sea el delito que sea y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga", sumó.

"A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago", puntualizó, y sumó: "También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria".

Sin brindar mayores detalles de las modificaciones que saldrán a través de un decreto, prometió requisitos "más severos" para obtener la residencia permanente y la ciudadanía que, aclaró, "solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional".

"Quienes entran o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora", anticipó.

"Hoy, entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán", cuestionó el funcionario. 

Por su parte, subrayó: "La Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor de 3 años puede ingresar a la Argentina".

En otro pasaje de la breve comunicación, Adorni habló de los "famosos tours sanitarios", y expuso que solo en un año, ocho hospitales nacionales destinaron "114 mil millones de pesos en atender extranjeros".

"Hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley, con la norma vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina para peligro de todos los demás", concluyó.

La reforma en la política migratoria forma parte de uno de los anticipos que el presidente Javier Milei anticipó en la Apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso Nacional.