El fisco argentino captará más de US$ 2.200 millones anuales a través del cobro de distintos impuestos en los 19 años de vida útil del proyecto de cobre, oro y plata Josemaría, en la provincia de San Juan, cuyo estudio de factibilidad acaba de ser presentado por la compañía canadiense Lundin

Se trata de una inversión superior a los US$ 3.000 millones para un proyecto que que podrá generar hasta 4.000 puestos de trabajo en su mayor nivel de actividad, de acuerdo con lo informado al mercado por el grupo minero, anuncio que se anticipa significará la apertura de una “nueva era del cobre” en el país.

El emprendimiento aspira a concretar hacia mediados de este decenio una operación a cielo abierto para procesar 152.000 toneladas por día, y reportará al Tesoro nacional unos US$ 2.020 millones por impuesto a las Ganancias; US$ 147 millones por el impuesto al cheque; y US$ 44 millones de IVA.

“La tasa actual del impuesto sobre la renta de las sociedades en la Argentina es del 30% y está legislada para reducirla al 25% a partir de 2021”, puntualizó el estudio.

Adicionalmente, el Gobierno de San Juan obtendrá casi $ 500 millones en el mismo período en concepto de royalties, que tienen un tope del 3% y se aplican a todas las ventas de concentrados de cobre.

El proyecto minero se ubica a 350 kilómetros de la capital sanjuanina, sobre la cordillera, a 4.295 metros sobre el nivel del mar y a 10 kilómetros del límite con Chile.

Lundin, compañía con sede en Toronto, Ontario, anticipó que se prevé en la mina cuyana una producción de metal anual promedio de 136.000 toneladas de cobre, 231.000 onzas de oro y 1.164.000 onzas de plata, tras una inversión total de US$ 3.009 millones.

La compañía adelantó que la evaluación de impacto ambiental y social del proyecto quedará completada en el primer trimestre de 2021.

El secretario de Minería, Alberto Hensel, aseguró en diálogo con Télam que tanto el Gobierno nacional, como el provincial y la empresa, entienden que “deben cumplirse con los principios de sostenibilidad ambiental, inclusión social y desarrollo de las comunidades”.

“El proyecto fomentará el desarrollo económico regional, será promotor de la creación de empleo directo e indirecto y permitirá aumentar la producción y la capacidad exportadora para la generación de divisas que son tan necesarias en este momento del país”, aseguró el secretario de Minería.

La semana pasada se realizó una teleconferencia entre Buenos Aires (desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero), San Juan, Mendoza y Canadá, en la cual Josemaría Resources Inc. realizó una descripción general del proyecto ante unos 30 integrantes de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (Cieam).

La presentación fue la primera de las cuatro previstas hacia el Informe de Impacto Ambiental y tuvo el objetivo de “brindar mayor agilidad al trabajo del Estado para que esto se traduzca en mayor inversión y empleabilidad”, informó el gobierno sanjuanino.

El ministro provincial de Minería, Carlos Astudillo, destacó en la ocasión que “hace tiempo que San Juan no transita un proceso como este para un proyecto minero de esta envergadura” y se comprometió a “darle mayor agilidad a las evaluaciones, para que las inversiones de capital se concreten”.

El Gobierno de Sergio Uñac anticipó que la agenda de trabajo conjunta contempla que los otros tres encuentros previstos se realicen “antes de fin de año, para que el proyecto minero llegue cuanto antes a la etapa de producción”, que se plantea para 2026.

Adam Lundin, presidente y director ejecutivo de la firma concesionaria de la mina, destacó que Josemaría es “uno de los pocos proyectos de cobre y oro fácilmente desarrollables en el mundo de hoy”.

El empresario minero agregó que el estudio “ha eliminado materialmente el riesgo del proyecto y prevé un resultado económico atractivo, comparable con otros proyectos de cobre y oro a gran escala que ya se están desarrollando o en producción”.

El análisis de factibilidad respaldó el “fuerte potencial de recuperación de la inversión”, en un plazo estimado en poco más de tres años y medio desde el inicio de la producción.

Los análisis incluyeron el estudio de caracterización social, con la revisión de la información disponible y entrevistas con las partes interesadas para evaluar las consideraciones socioeconómicas de las comunidades cercanas.

El estudio de caracterización ambiental, a su vez, abordará en detalle aspectos relevantes como el uso del agua, el ruido, la calidad del aire y el eventual impacto sobre la biodiversidad, entre otros.

Por lo pronto, ya se indicó que el proceso de extracción metalúrgica simple y convencional utilizará “reactivos de flotación convencionales, sin el uso de cianuro”.

La demanda de agua, en tanto, será de 550 litros por segundo durante la vida del proyecto, que se recolectarán de dos campos de pozos ubicados dentro de los 28 km de las instalaciones de proceso, y los estudios confirmaron la capacidad del acuífero.