La denuncia había sido presentada por organizaciones defensoras del ambiente y apuntaba a que el proyecto piloto de fractura hidráulica realizado en Puesto Rojas, en Malargüe, había sido autorizada de manera irregular. La fiscal correccional Mercedes Moya ordenó el archivo de la causa porque para ella no había delito.
Para la toma de esa importante decisión cita como testimonios clave lo que dijeron otros dos ex funcionarios: Emilio Guiñazú, que tenía a cargo el área energética, y la directora del área jurídica de la Secretaría de Ambiente. Se cuestionaba principalmente a que para autorizar el fracking se había usado un método rápido de evaluación de impacto ambiental y no el proceso completo. Como en el área ya había actividad petrolera, el Gobierno consideró que no hacía falta realizar todo el proceso ambiental desde cero y, en cambio, un aviso de proyecto y adecuación. Por eso si bien se hizo una evaluación ambiental, no hubo audiencia pública, entre otras cosas.
La denuncia era para que se investigara si los funcionarios habían incumplido sus tareas por haber autorizado prácticas por fuera de las normas. En concreto se apuntaba al artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de hasta dos años y una inhabilitación para ejercer cargos públicos para los funcionarios que tomen decisiones contra las normas.
Para la justicia no fue así en el caso de la autorización de la exploración y explotación petrolera en Vaca Muerta. Para la fiscal, el delito que se cita requiere que haya “dolo”, es decir que los funcionarios actúen con intenciones de delinquir.
“Entendemos que no resultaría configurado en el sub examen el tipo objetivo del delito previsto en el art. 248 del Código Penal conforme lo denunciado en la presente causa”, dice la fiscal. Y asegura que Miriam Skalany, Mingorance y el propio Cornejo actuaron dentro del marco de sus cargos. “Tampoco se puede sostener que Alfredo Cornejo como Gobernador y máxima autoridad de la provincia haya tenido conocimiento de irregularidades con relación al caso concreto bajo análisis, ni mucho menos que haya instigado u obligado a sus inferiores a que cometan irregularidades administrativas para aprobar la citada tecnología de fractura hidráulica como se expresa en la denuncia”, dice el escrito judicial.
La resolución de la justicia sobre los tres funcionarios no es el punto final del debate. La Suprema Corte de Mendoza también analiza una denuncia que apunta a que sean declaradas inconstitucionales las resoluciones que aprobaron el fracking realizado por El Trébol y también la reglamentación específica. Allí no es una denuncia penal, sino que se busca anular las normas.
Al mismo tiempo, también están en discusión legal las ordenanzas que algunos municipios aprobaron y promulgaron para prohibir el fracking. Es lo que hicieron Lavalle y Tupungato, por ejemplo. Allí la discusión es sobre la jurisdicción: los recursos son de la provincia, pero los municipios tienen algunas potestades otorgadas por la Constitución y normas provinciales como la de Ordenamiento Territorial.
Esto último es algo que también ocurre con el tema del litio entre Salta y Nación por la decisión de a quién le pertenecen más esos recursos y quien tiene más derecho a sacar usufructo de los mismos. Si bien este fallo no es el último seguramente sentará jurisprudencia en el tema fracking y hará menos complicado el proceso de denuncias que puedan recibir funcionarios en el futuro en pos de generar fondos y trabajo para los habitantes de aquella provincia del área de Cuyo.