Prisión domiciliaria en Mendoza: un 41% de los casos es por abuso sexual
Las personas que gozan del beneficio de prisión domiciliaria en Mendoza están monitoreadas en tiempo real a través de tobilleras electrónicas por la empresa Surely.
En la provincia de Mendoza , uno de cada diez presos cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, lo que representa a 540 de las 6.860 personas privadas de libertad.
El informe del Servicio Penitenciario de la provincia también revela que las causas más comunes para acceder a este beneficio son los delitos de abuso sexual o violación, que suman el 41% de los casos (234 personas), seguidos por robo o tentativa de robo (125 casos) y amenazas (96 casos). Además, 70 personas cumplen prisión domiciliaria por delitos de corrupción, principalmente defraudación al Estado.
En cuanto al perfil de los beneficiados, el 85% son hombres (490) y el 15% son mujeres (87). Sin embargo, destaca que casi la mitad de las mujeres privadas de libertad acceden a la prisión domiciliaria, mientras que entre los hombres esta proporción es solo del 7%.
El informe también indica una reducción del 3% en las prisiones domiciliarias otorgadas en 2024 en comparación con el año anterior, y que la cifra más alta se registró durante la pandemia, con 1.025 beneficiados, debido a medidas humanitarias.
La mayoría de las personas con prisión domiciliaria en Mendoza se encuentran en la etapa de procesamiento, ya que el 66,9% no tienen condena firme, mientras que solo el 33,1% ya han sido condenados.
Los requisitos para obtener prisión domiciliaria, según la justicia
En relación con la edad, el 20% de los beneficiados superan los 61 años, aunque la mayoría se concentra en el rango de los 21 a los 40 años. Geográficamente, los departamentos de Guaymallén (20,5%), Las Heras (15,8%) y Godoy Cruz(11,5%) concentran casi la mitad de las detenciones domiciliarias en la provincia.
La ley 24.660 establece los criterios para otorgar la prisión domiciliaria, que incluyen internos enfermos, discapacitados, mayores de 70 años, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de cinco años o personas con discapacidad a cargo.
Cabe recordar que la decisión final recae en el juez, quien evalúa informes médicos, psicológicos y sociales para determinar la viabilidad del arresto domiciliario.
