El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), una normativa clave para actualizar, modernizar y ordenar el sistema de residuos urbanos con políticas de sostenibilidad, salud pública, inclusión social y equidad territorial.

"Este es un hito ambiental para Mendoza, pero también es una oportunidad para hablar del futuro. Va a ser un arduo trabajo, pero absolutamente necesario para modernizar y ordenar cómo tratamos nuestros residuos", dijo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, al ingresar el proyecto por Mesa de Entradas del Senado de Mendoza junto a la vicegobernadora, Hebe Casado, y a la senadora provincial Yamel Ases.

Latorre explicó que la norma es el resultado de un año de trabajo territorial con los 18 departamentos de la provincia: "Esto no es un trabajo burocrático ni de escritorio. Es fruto de la consulta directa con los equipos de ambiente. Actualizamos el diagnóstico de situación y adaptamos el plan a las realidades actuales: desde el crecimiento demográfico hasta los desafíos en ordenamiento territorial e inversión en infraestructura".

La ministra también enfatizó el carácter estratégico de la gestión de residuos: "Esto no es un gasto: es una inversión en salud pública, en desarrollo productivo y en competitividad. Certificar la disposición final de residuos permite a nuestras industrias mejorar su posicionamiento, incluso en mercados internacionales".

Sistema Provincial de Residuos

El proyecto propone la creación de un Sistema Provincial de Residuos, articulado con todos los departamentos, con principios rectores claros, competencias definidas, estándares mínimos garantizados, herramientas de planificación regional y mecanismos de control, sanción y participación ciudadana.

Además, promueve la educación ambiental para todos los ciudadanos y la participación comunitaria, tanto en campañas permanentes como en el diseño de políticas locales.

Para ilustrar los alcances del proyecto, la ministra recordó que se acaba de lograr el cierre definitivo del basural de Puente de Hierro, considerado el pasivo ambiental más significativo de la provincia. A partir de ahora, el 100% de los residuos sólidos urbanos y estériles generados por el municipio serán dispuestos de manera certificada en el relleno sanitario de El Borbollón, el único habilitado formalmente con todas las garantías ambientales en el Área Metropolitana.

"Disponer y poder certificar el 100por ciento de los residuos es un hito. No solo hablamos de residuos sólidos urbanos, también, del material estéril. Esto es una decisión histórica que se venía estudiando hace años, no solo para Guaymallén sino para muchos municipios de la provincia", señaló Latorre.

Una política de Estado con impacto ambiental, sanitario, económico y social

El proyecto parte de la base que la gestión de residuos sólidos urbanos es una política pública estratégica con múltiples dimensiones: ambiental, al reducir la contaminación del suelo, aire y agua; sanitaria, al disminuir vectores de enfermedades; económica, al reducir costos municipales y de tratamiento final seguro; social, al integrar la responsabilidad de generación e inclusión a diferentes actores, recuperadores urbanos, cooperativas y centros ambientales.

Por eso, la ley promueve el cierre de basurales a cielo abierto, como ocurrió con Guaymallén; el fortalecimiento de la economía circular, la separación en origen, la educación ambiental y la trazabilidad (seguimiento) de todo el proceso, desde la generación, el transporte y la disposición final.

Coordinación Provincia-Municipios

Uno de los ejes fundamentales del proyecto es la regionalización de la gestión de residuos, dividiendo la provincia en cuatro zonas: Metropolitana, Este, Centro y Sur. Se establecen las figuras de Agentes de Gestión, que permitirá a los municipios organizarse en regiones funcionales para optimizar recursos y coordinar acciones.

Cada Municipio deberá elaborar su Plan Municipal de Residuos (PMGIRSU), alineado con el Plan Provincial, incluyendo diagnósticos técnicos, propuestas de remediación de basurales, inclusión social, educación ambiental, infraestructura proyectada, matriz de costos y metas progresivas.

El proyecto establece al Ministerio de Energía y Ambiente como Autoridad de Aplicación, con amplias competencias, que incluyen:

• Diseño e implementación de políticas GIRSU provinciales.
• Asistencia técnica y legal a los municipios.
• Coordinación de planes municipales y consorcios.
• Elaboración de lineamientos de base mínimos e instrumentos digitales.
• Control de impactos ambientales y fiscalización de infraestructuras.
• Generación de informes anuales, monitoreos y trazabilidad.
• Promoción de programas de inclusión y campañas educativas.

Además, se creará un Sistema de Información Ambiental Público, con trazabilidad digital y auditoría del cumplimiento de metas.

"La Provincia tiene competencia para fiscalizar y la obligación de intervenir activamente", remarcó Latorre. "Por eso, el plan incorpora una dimensión educativa, una colaborativa con los municipios y una coercitiva: si se dan las herramientas para hacer bien las cosas, también tiene que haber sanciones cuando no se cumplen", explicó.

Inclusión social de recuperadores y economía circular

Uno de los objetivos sociales del proyecto es la formalización, capacitación y mejora técnica y gestión de los recuperadores urbanos de residuos. Los municipios deberán incorporar planes de inclusión social y desarrollar centros de economía circular que generen empleo local, innovación tecnológica y revalorización de materiales.

La ley habilita también a actores privados a conformar centros tecnificados en articulación con el Estado, favoreciendo la inversión sustentable.

Infraestructura adecuada y financiamiento

Para la implementación del sistema, se creará el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, financiado con:

• Asignaciones presupuestarias provinciales.
• Tasas específicas GIRSU y multas ambientales.
• Recursos provenientes de acciones judiciales por pasivos ambientales.

Este fondo financiará obras de infraestructura, equipamiento, asistencia a municipios y programas de fortalecimiento del sistema. Además, se autoriza al Ejecutivo a gestionar líneas de financiamiento nacional e internacional.

Fiscalización, sanciones y recomposición del ambiente

La ley establece un sistema riguroso de fiscalización a cargo de la Provincia y los Municipios, habilitando inspecciones, auditorías, denuncias ciudadanas y acciones legales. Los infractores podrán ser sancionados con apercibimientos, multas, suspensiones y clausuras y confiscación de vehículos y maquinarias.

También se prevé la conmutación de sanciones por resarcimientos productivos, como capacitaciones, mejoras de infraestructura y proyectos de educación ambiental.

Marco normativo

La iniciativa deroga la Ley Provincial 5970 y se articula con la Ley Nacional General del Ambiente 25675, la Ley Nacional 25916 sobre residuos domiciliarios y la Ley Provincial 5961.

Su diseño responde a lo establecido por la Constitución Nacional (arts. 41, 123 y 124), que asigna a las provincias la facultad de dictar normas complementarias y ejercer el poder de policía ambiental con criterios de equidad, autonomía y cooperación.