La Justicia selló el destino de los asesinos de Diego Aliaga
Casación ratificó las penas por el secuestro y homicidio del empresario vinculado a causas federales, enterrado en un campo tras 40 días desaparecido
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes las penas impuestas por el secuestro extorsivo y homicidio agravado del empresario Diego Aliaga, un caso que conmocionó a Mendoza en 2020 y que rozó los circuitos del poder judicial y económico. El fallo deja firme la condena a prisión perpetua para los cuatro principales responsables y 17 años de prisión para un quinto partícipe con colaboración parcial.
Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone rechazaron de manera unánime todos los recursos presentados por las defensas, que habían intentado cuestionar desde la validez del proceso hasta la jurisdicción federal y la calificación legal de los delitos. "Las posibilidades de defensa no fueron menoscabadas", sentenció Barroetaveña, invalidando los reclamos sobre supuestas irregularidades.
Una trama de poder, engaño y muerte
Aliaga, vinculado al exjuez Walter Bento -procesado por presunta corrupción- desapareció el 28 de julio de 2020 en Guaymallén. El empresario fue llevado con engaños a un predio en Rodeo de la Cruz, reducido, forzado a firmar documentación que transfería propiedades, vehículos y fondos a sus captores, y luego trasladado a un galpón en la calle Jujuy, en Ciudad. Allí fue mantenido en cautiverio durante horas.
Según la reconstrucción, fue asesinado por asfixia mediante una tela introducida en su boca y enterrado en una finca de Costa de Araujo, Lavalle. Su cuerpo fue hallado 44 días después, el 10 de septiembre, envuelto en una frazada, con signos de violencia y señales de una planificación precisa.
Las condenas confirmadas
Casación confirmó las penas de prisión perpetua para:
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Diego Alejandro Barrera
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Bibiana Sacolle Ferro
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Gastón Curi Sacolle
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Lucas Curi Sacolle
También ratificó los 17 años de prisión para Washington Yamil Rosales Fernández, un empleado de la familia involucrada, que accedió a colaborar y reveló el paradero del cuerpo.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza había dictado estas condenas en octubre de 2023, luego de acreditar la participación directa y premeditada de cada uno en una estructura criminal con roles asignados. La estrategia incluyó el uso de múltiples vehículos, comunicación encriptada, tareas de vigilancia y amenazas extorsivas.
Uno de los momentos más reveladores del caso fue una llamada recibida por Gonzalo Aliaga, hermano de la víctima, mientras declaraba ante la fiscalía. La voz del otro lado advirtió: "Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar". La frase fue atribuida a Gastón Curi, quien habría encabezado el contacto entre la víctima y los intereses de la banda.
¿Por qué fue un caso federal?
Pese a los intentos de las defensas por desviar la causa hacia la justicia ordinaria, la Cámara reafirmó que se trató de un secuestro con fines extorsivos, tipificado en el Código Penal como delito federal, dado su alcance, medios y gravedad. Los magistrados también descartaron el argumento de inconstitucionalidad sobre la prisión perpetua, al considerar que se respetó el debido proceso.
Un crimen económico, pero con mensaje mafioso
La sentencia reconstruye un accionar frío y calculado. No fue un acto impulsivo, sino una operación con móviles financieros: la disputa por negocios de vivienda, automotores y una clínica de día. Aliaga, considerado "el nexo" en esa red, fue eliminado para garantizar el cobro de beneficios y silenciar pistas. "La muerte fue intencional para asegurar lo obtenido y borrar todo rastro", concluyó el fallo.
Con esta resolución, las condenas quedan firmes en la Justicia federal. Solo resta un eventual y remoto recurso ante la Corte Suprema. Mientras tanto, Mendoza cierra un capítulo oscuro donde el crimen, el dinero y la traición se mezclaron como pocas veces.