Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Hidrocarburos, Minería y Energía; y Hacienda y Presupuesto del Senado de Mendoza evaluaron un proyecto de ley que propone declarar en emergencia los sistemas hidroeléctricos ubicados sobre los ríos Atuel y Diamante, tras los daños que dejó una fuerte tormenta a comienzos de este año.

El 11 de enero se produjo una intensa tormenta que provocó caudales sin precedentes históricos, superando ampliamente la capacidad de los vertederos del sistema. Este fenómeno dejó fuera de servicio las centrales Nihuil II y III, y afectó gravemente otras instalaciones del sistema, comprometiendo el abastecimiento eléctrico en los departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear.

A causa de este fenómeno mareológico aseguran que el sistema eléctrico del sur de la provincia requiere estabilidad inmediata y remarcó que las obras necesarias para el restablecimiento del servicio presentan una considerable complejidad logística, lo que exige medidas urgentes que escapan a los plazos estipulados originalmente en los contratos de concesión.

Alcances del proyecto

El proyecto de ley declara en emergencia el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles por un plazo de 14 meses a partir de la promulgación de la norma. Durante ese período, se prevé la continuidad del proceso de transición iniciado mediante los decretos provinciales N° 1021 y 1085 del año 2024, que habilitan a la empresa HINISA a continuar operando el sistema hasta que se cumplan todas las obligaciones contractuales pendientes.

En paralelo, se autoriza a la empresa HIDISA a seguir utilizando el recurso hídrico correspondiente al Sistema Hidroeléctrico Diamante, bajo el mismo criterio de continuidad operativa, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos hasta que se realice una nueva adjudicación.

Uno de los puntos clave del proyecto es que faculta al Poder Ejecutivo de Mendoza a desarrollar todos los actos necesarios, en coordinación o no con el Estado Nacional, para llevar adelante una licitación conjunta de ambos sistemas hidroeléctricos. Esta medida busca asegurar un aprovechamiento integral, eficiente y sustentable de los recursos hídricos de la región, con condiciones que otorguen previsibilidad jurídica, seguridad en la operación y beneficios económicos a largo plazo.

El articulado también contempla la posibilidad de otorgar una nueva concesión de operación por un plazo de hasta 30 años, con cláusulas que aseguren el control provincial sobre el recurso, la adecuación de los cánones y regalías, y el cumplimiento de estándares ambientales y de mantenimiento de la infraestructura.

Finalmente, los funcionarios remarcaron que el concepto de fuerza mayor justifica la necesidad de estas medidas excepcionales, dada la imprevisibilidad y magnitud del evento climático, y destacaron la importancia de preservar la seguridad de las personas, los bienes y el servicio eléctrico de la región.