Funcionarios bajo la lupa: podrán ser sancionados por demoras judiciales
Con la sanción de dos leyes clave, la Legislatura mendocina busca agilizar las respuestas del Estado ante demandas ciudadanas y reducir el impacto millonario de las demoras administrativas. En 2024, la provincia pagó más de $6.900 millones por sentencias judiciales, en su mayoría por intereses
La Legislatura provincial aprobó por unanimidad dos reformas legales que abren la puerta a sanciones individuales para funcionarios públicos que dilaten o ignoren demandas judiciales. A partir de esta semana, quienes incurran en negligencias frente a reclamos ciudadanos podrán ser identificados y sancionados en forma directa.
Las normas impulsadas por el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, modifican el Código Procesal Administrativo (Ley 3918) y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9001), y buscan combatir la inacción estatal, hacer más eficientes los procedimientos y frenar las demoras que impactan en las arcas públicas.
Las normas impulsadas por el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, modifican el Código Procesal Administrativo
Sanciones por silencio o demora del Estado
La primera ley incorpora el artículo 38 bis al Código Procesal Administrativo, habilitando a la Suprema Corte de Justicia a admitir acciones por "denegación tácita". Es decir, se podrá iniciar un proceso judicial cuando no haya respuesta administrativa formal.
En esos casos, deberá identificarse al funcionario responsable de la falta de respuesta, y el organismo correspondiente tendrá la obligación de evaluar posibles sanciones disciplinarias, conforme a la Ley 9003.
La segunda norma aprobada modifica el artículo 219 del Código Procesal Civil, referido al recurso de amparo por mora. Ahora, si un juez hace lugar a ese amparo, los funcionarios demorados deberán pagar las costas del juicio de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad general del Estado.
Además, el informe judicial obligatorio en esos casos deberá ser firmado por funcionarios con competencia directa sobre el expediente en cuestión, reforzando su obligación de dar respuesta.
Un costo millonario por demoras
El cambio legislativo llega tras conocerse el fuerte impacto económico que tiene la ineficiencia administrativa. Según datos de la Fiscalía de Estado, en 2024 la provincia pagó $6.915 millones en cumplimiento de sentencias judiciales, de los cuales el 75% fueron intereses generados por las demoras.
Eso representó un incremento del 188% respecto a 2023, y se explica en parte porque hasta mayo se aplicó la tasa UVA, ajustada por inflación, para el cálculo de intereses.
Para 2025, el presupuesto provincial destina $3.097 millones a la cancelación de 373 juicios con sentencia firme, entre ellos causas por daños, amparos sindicales, acciones administrativas y expropiaciones.
