Lo que arrancó como una denuncia por supuesta falsificación de certificados médicos vinculados a jugadores de la Liga Mendocina de Fútbol, derivó en una causa penal que ya contempla cuatro delitos: asociación ilícita, fraude, falsificación de documentos privados y malversación de fondos.

Aunque la Fiscalía de Delitos No Especializados aún no imputó a ninguna persona, los investigadores ya tienen bajo la lupa a cuatro implicados: Fabio Alenda, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú; una médica, y dos empleadas administrativas.

La causa comenzó tras la denuncia de la cardióloga Marisa Torre, quien advirtió que su firma y sello profesional fueron utilizados sin su consentimiento. El expediente está a cargo del fiscal Juan Manuel Sánchez, quien no tomará nuevas medidas hasta que concluya la feria judicial de invierno, a finales de este mes.

Certificados médicos apócrifos: la causa deberá esperar

El motivo del freno es doble: por un lado, el receso invernal, y por otro, la decisión del fiscal Sánchez de no delegar la causa durante el receso, dado lo complejo del caso y su conocimiento detallado del expediente desde el inicio.

Antes de la feria, sin embargo, hubo avances. Una vez establecidos los cuatro delitos en juego, el fiscal elevó el caso a su superior, Sebastián Capizzi, solicitando una definición sobre la competencia de la causa: si debía seguir en su fiscalía o ser derivada a la Unidad de Delitos Económicos.

Tras una consulta entre Capizzi y Alejandro Iturbide (fiscal jefe de Delitos Económicos), se resolvió que el expediente permanezca en Delitos No Especializados, ya que allí se encuentra más avanzada la recolección y análisis de pruebas, incluyendo la documentación obtenida en al menos seis allanamientos.

La hipótesis que guía la investigación

La principal teoría del fiscal Sánchez es contundente: los certificados habrían sido emitidos con firmas apócrifas por una asociación ilícita encabezada por Fabio Alenda, en complicidad con una médica y dos administrativas del Centro de Salud N.º 16.365 Plazoleta Ruttini, de Maipú.

El hecho de que las tres trabajen en el sistema público de salud motivó al fiscal a incluir el delito de peculado, que se aplica a quienes se apropian o utilizan bienes estatales para obtener un rédito personal.

Entre las víctimas del presunto fraude se encuentran los padres de los jóvenes futbolistas, quienes pagaron por los certificados que acreditaban la aptitud física necesaria para competir en la Liga.

En cuanto a la Liga Mendocina, podría también ser considerada damnificada por esta maniobra, aunque eso se definirá a medida que avance el expediente. Por el momento, el fiscal rechazó que el organismo actúe como querellante particular, posiblemente por riesgo de que su implicancia también sea investigada.

Quien sí se presentó como querellante fue la Municipalidad de Maipú, que según consta en la causa, se deslindó de cualquier vínculo penal con los hechos denunciados.