El Gobierno provincial inició la destrucción de 5.000 teléfonos celulares incautados en las cárceles mendocinas. El operativo se desarrolló en la playa de secuestros del Servicio Penitenciario y contó con la colaboración de la Municipalidad de Godoy Cruz, que aportó una aplanadora para destruir los dispositivos y garantizó el manejo responsable de residuos a través del programa de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

En el acto estuvieron el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich; el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; la subdirectora del Servicio Penitenciario, Alejandra Llarena, y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

Esta acción se enmarca en la política iniciada por el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario para retirar, desde 2024, los celulares que de manera excepcional habían sido autorizados durante la pandemia de COVID-19 y que permanecieron en los establecimientos penitenciarios por casi tres años. Fue el primer paso de un proceso destinado a reforzar la seguridad intramuros.

El pasado 1 de abril, el mandatario y la ministra anunciaron un nuevo sistema integral de control penitenciario que incluye cuatro pilares fundamentales: control unificado de accesos, bloqueo selectivo de señales de celulares, nuevo sistema de videovigilancia e incorporación de equipos de radiocomunicación. El objetivo es prevenir el ingreso de elementos prohibidos y cortar los vínculos ilegales entre internos, personal penitenciario y personas externas.

Luego de finalizar la actividad, el Cornejo destacó la importancia de la destrucción de los celulares decomisados en las cárceles mendocinas. "Estamos destruyendo un montón de teléfonos móviles incautados en la penitenciaría. Tras el decomiso, y una vez que los aparatos quedaron limpios, se pasó a la eliminación total de esos teléfonos. Asistimos a la primera de estas destrucciones masivas", señaló.

Por su parte, Rus señaló: "Esto tiene que ver directamente con la seguridad de Mendoza y con un plan que iniciamos desde el principio de la gestión, que tenía que ver con no más celulares en las cárceles, pensando en que a través de ellos también se cometen delitos hacia afuera".

Como resultado del plan se han secuestrado cerca de 5.000 celulares, de los cuales 300 ya fueron descontaminados mediante un proceso de disposición final coordinado con la Municipalidad de Godoy Cruz. "Acudimos al plan de Godoy Cruz porque, al tratarse de un elemento que necesita una disposición final, este programa es lo suficientemente amplio para aquellos dispositivos que pueden ser reutilizados o donados. Aquellos que no, se descontaminan y algunas partes se destinan a proyectos sustentables", explicó.

La ministra destacó que los celulares incautados estaban relacionados con delitos como estafas, tráfico de drogas, introducción de sustancias en los penales y difusión de material de abuso sexual. "Esto hace a la seguridad de los mendocinos porque evita que se cometan delitos, que la droga circule o que se gerencie desde la cárcel hacia afuera. La efectividad de los procesos de auditoría y control ya se refleja en los resultados", concluyó.

La funcionaria señaló que la política se implementa en etapas. Desde diciembre de 2023 no se aceptan más celulares en las listas blancas habilitadas judicialmente. 

"Todo celular que se secuestra pasa a destrucción y, además, a cada persona privada de libertad a la que se le encuentra un celular se le aplica una sanción", precisó. 

A partir de 2024, cualquier dispositivo que ingresa a l penales es considerado de uso prohibido y está sujeto a confiscación.

Para garantizar la seguridad se estableció el Sistema Único de Ingreso, similar al de un Aeropuerto Internacional El Plumerillo, por el que todas las personas que ingresan a un penal deben pasar por detectores de metales, registro fílmico y palpado físico. "Estamos sumando 300 cámaras en proceso de instalación en los lugares de ingreso y en la zona de visitas, con sensores de movimiento, para reforzar la vigilancia y prevenir el ingreso de celulares y sustancias prohibidas", señaló la ministra.

Este sistema ya permitió detectar irregularidades: en el último mes, tres agentes penitenciarios y un enfermero están siendo investigados por ingreso de sustancias. Además se mantienen canales de comunicación seguros para las personas privadas de la libertad. "Ampliamos el margen de visitas para que tengan un mejor contacto con sus entornos y adquirimos teléfonos antivandálicos que son utilizados bajo supervisión de profesionales licenciados en trabajo social, garantizando así la comunicación sin comprometer la seguridad", afirmó Rus.

Mendoza también implementó un sistema de inhibidores de señal y le entregó por primera vez el sistema TETRA al Servicio Penitenciario, lo que permite controlar la comunicación interna sin afectar la señal en los domicilios cercanos.

Destrucción de celulares

En cuanto a la participación del Municipio de Godoy Cruz, Costarelli destacó: "Nuestro aporte tiene que ver específicamente con la trazabilidad de estos residuos, que son eléctricos y electrónicos".

Además puso el acento en la relación entre esta gestión y la seguridad provincial al mencionar que "el decomiso de celulares intramuros contribuye a prevenir delitos como tráfico de drogas, amenazas y secuestros no sólo en Godoy Cruz, sino también en toda Mendoza". Asimismo resaltó la experiencia municipal en el manejo responsable de residuos a través del programa de RAEE.

Controles al estilo del Aeropuerto

El Sistema Único de Ingreso establece controles para todo el personal, trabajador o visitante, incluyendo detectores de metales, registro fílmico y palpado físico. 

Los accesos diferenciados permiten controlar vehículos y personas que pudieran representar un riesgo para la seguridad del sistema, reforzando así la labor de inteligencia previa.

Desde la implementación del sistema se registraron casos concretos: el 25 de julio, un agente fue sorprendido con más de un kilo de marihuana en la penitenciaría de la avenida Boulogne Sur Mer; el 31 de julio, otro penitenciario fue interceptado con cocaína en San Felipe; el mismo día, un tercer funcionario intentó ingresar marihuana a Boulogne Sur Mer y, el 21 de agosto, un cuarto penitenciario fue descubierto con 256 gramos de cocaína en San Felipe, lo que derivó en el allanamiento de su domicilio por orden del Ministerio Público Fiscal.

Con estos controles, el Servicio Penitenciario busca consolidar un modelo más seguro, transparente y profesional combinando tecnología, requisas permanentes y análisis de inteligencia, con el objetivo de fortalecer la seguridad penitenciaria y evitar que prácticas ilegales dentro de los penales afecten la vida de los ciudadanos.

Trabajo y educación intramuros

Rus ponderó la importancia de la educación y el trabajo como estrategia de resocialización. "El ocio en las cárceles puede ser combatido a través del trabajo y la educación. Gracias a convenios con el Ministerio de Educación y con la universidad, la matrícula en materia universitaria y de secundaria aumentó más del 100%", indicó. Y remarcó la ampliación de una miniuniversidad dentro del penal de mayor seguridad. También se promueven proyectos laborales que les permiten a las personas privadas de la libertad adquirir herramientas para reconducir su futuro en el universo del trabajo.