El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó la decisión de enviar a la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. El mandatario adelantó que el expediente ingresó a la Casa de Leyes este miércoles, para recibir tratamiento en la Cámara de Diputados.

El proyecto, que representa el permiso ambiental necesario para avanzar, está ubicado a 37 km de Uspallata y 97 km de la Ciudad de Mendoza. En este sentido, Cornejo enfatizó que la DIA no ingresa sola, sino que va junto con un proyecto de ley de regalía.

El objetivo de esta iniciativa es cobrar a las empresas que extraigan minerales un porcentaje con el fin de crear un fondo. Estos recursos estarán destinados al Fondo Compensador del Medio Ambiente, cuya finalidad es prevenir todas las actividades que puedan tener impacto ambiental.

"Se le va a cobrar a las empresas que extraigan minerales un porcentaje para prevenir todas las actividades que puedan tener impacto ambiental", explicó el gobernador tras haber participado de Argentina Mining, el encuentro internacional del sector minero argentino. 

El gobernador trazó un paralelismo histórico, señalando que Mendoza ya desarrolla actividades de petróleo. Sostuvo que, en comparación con hace setenta años, en la actualidad se toman muchos más recaudos con la actividad petrolera, y cree que la provincia puede estar avanzada en toda esta legislación.

Respecto al contenido del permiso ambiental, Cornejo destacó la magnitud del trabajo realizado. Y consideró que "la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge, reúne seis mil fojas de informes técnicos con recomendaciones para cómo extraerlo, con aprobación para el método de extracción, que es un método distinto al que se tenía con anterioridad".

El gobernador fue explícito al indicar que la Legislatura no puede ponerse a ver los aspectos técnicos, ya que todas las consultas técnicas ya se realizaron y están contenidas en las fojas.

A pesar de que las consultas técnicas están completas, Cornejo mencionó que haber podría haber un período de consulta para organismos técnicos que busquen aclarar algún punto, o para ONG que deseen hacer alguna manifestación. Después de esta posible instancia, el proyecto debería ser votado, aprobado o rechazado por la legislatura provincial en sus dos cámaras.