Después de una larga espera tras las rejas, este miércoles la jueza Natacha Cabeza resolvió poner fin a la prisión preventiva que pesaba sobre el humorista Juan "Cacho" Garay. Pero lejos de tratarse de una absolución, se trata de un respiro dentro de un proceso judicial que aún lo tiene como protagonista principal de una causa grave: fue denunciado por violencia de género y abuso sexual por su ex esposa, Verónica Macías.

La liberación del hombre de 70 años no significa libertad plena. La Justicia le impuso una serie de reglas de conducta que deberá cumplir con absoluta precisión si quiere mantenerse fuera de la cárcel. Su situación sigue siendo delicada, y el próximo lunes podría haber novedades que cambien nuevamente su destino: ese día se definirá si su causa avanza a juicio oral.

Un regreso vigilado

La decisión judicial permite a Garay dejar el encierro domiciliario que mantenía desde mediados de 2024, tras haber estado cerca de un año detenido en el complejo penitenciario San Felipe. Sin embargo, quedó condicionado por una batería de restricciones:

• No podrá acercarse a menos de 700 metros de Verónica Macías.

• Tampoco podrá residir en un radio de 1 kilómetro del domicilio de la denunciante.

• Tiene prohibido salir de Mendoza y del país.

• Deberá entregar su pasaporte y presentarse cada miércoles en la Unidad Fiscal.

• Se le exigió el pago de una caución de 2 millones de pesos.

• Debe continuar con tratamientos psicológico y psiquiátrico, presentando certificados mensuales.

• Tendrá que retirarse inmediatamente en caso de coincidir con la víctima en un lugar público, sin mirarla a los ojos.

• Está prohibido de acercarse a testigos y peritos del caso.

• El Ministerio Público Fiscal podrá imponerle más restricciones, incluyendo la colocación de una pulsera electrónica dual y la prohibición del consumo de alcohol o drogas.

Un caso que sacudió al espectáculo mendocino

Todo comenzó en abril de 2023, cuando Macías denunció que Garay la amenazó de muerte con un arma en su casa de Luján de Cuyo. El hecho motivó un allanamiento donde la policía halló varias armas, incluidas cuatro pistolas reales y una de aire comprimido.

La causa se agravó cuando la víctima amplió su testimonio y acusó al humorista de haberla obligado a participar en fiestas sexuales vejatorias, junto a otras personas de su entorno íntimo. A partir de estas revelaciones, la fiscalía lo imputó por abuso sexual y otros delitos.

Una figura clave que emergió en la investigación fue Sandra Astudillo Stafollani, una ex empleada de la Legislatura que se encontraba de vacaciones en Cancún cuando la Justicia ordenó su captura. Su nombre quedó ligado al entorno íntimo del acusado en el contexto de los abusos denunciados.

Lo que viene: una audiencia clave

El lunes próximo, a las 8 de la mañana, se celebrará una audiencia que podría marcar un nuevo giro en el expediente: allí se discutirá si la causa debe ser elevada a juicio oral. Garay estará presente, y aunque goce hoy de libertad, ese día podría enfrentarse al inicio de la etapa más compleja de su proceso.

Mientras tanto, la causa sigue abierta, la víctima protegida bajo medidas judiciales, y el imputado bajo una lupa constante. El show, esta vez, se trasladó de los escenarios a los pasillos del Poder Judicial.