Bullying en escuelas de Mendoza: proponen castigar a padres por el comportamiento de sus hijos
El Ejecutivo provincial propone modificar el Código de Contravenciones para que los progenitores y tutores sean responsables por el acoso escolar cometido por sus hijos a otros estudiantes.
El Gobierno de Mendoza ha enviado un proyecto de ley a la Legislatura con el objetivo de intensificar la lucha contra el acoso escolar. La propuesta central busca modificar el Código de Contravenciones para establecer que padres, madres y tutores sean también responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos.
Esta iniciativa pretende que la escuela no enfrente sola este desafío, promoviendo la corresponsabilidad de las familias en la formación y el cuidado de los niños. El enfoque de la ley es educativo y reparador, buscando comprometer a los adultos en la crianza y el acompañamiento, promoviendo valores de convivencia, respeto y empatía.
Cómo Serán las Sanciones para madres, Padres y tutores
La ley propuesta establece que los adultos responsables que no acompañen a sus hijos en la corrección de conductas violentas podrán enfrentar sanciones específicas.
Estas sanciones incluyen:
- Trabajo comunitario
- Multas económicas
Además de estas sanciones, la iniciativa también prevé herramientas que buscan prevenir la reincidencia del acoso, tales como instancias de mediación y talleres de parentalidad.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, enfatizó la seriedad del problema al señalar que "El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas". Por ello, el funcionario remarcó que se necesitan "familias presentes y corresponsables".
El proyecto propone multas o trabajo comunitario a padres por el comportamiento de sus hijos.
La modificación legal se complementa con un nuevo y actualizado Protocolo de Actuación. Este protocolo brinda a las instituciones educativas una guía clara sobre cómo intervenir ante sospechas o hechos de bullying, cubriendo desde la identificación del caso hasta el seguimiento y el cierre del proceso.
El documento integral también incluye la definición de criterios de gravedad y establece los circuitos de derivación correspondientes a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según la gravedad de la situación.
Con esta política de Estado, que combina ley y protocolo, Mendoza busca enviar un mensaje claro: ninguna forma de violencia entre pares será tolerada.
