El gobierno de Estados Unidos ordenó a Harvard que le entregue el historial de estudiantes presuntamente involucrados en protestas propalestinas, a las que califica de antisemitas, y amenazó con retirarle su acreditación tras acusaciones de violar la ley de derechos civiles. Desde que tomó posesión de su cargo en enero, Donald Trump emprendió una campaña contra las universidades de élite estadounidenses, a las que acusa de ser un nido de antisemitismo y de implantar políticas a favor de la diversidad e inclusión.

En el caso de Harvard, el gobierno estadounidense le congeló más de 3.200 millones de dólares en fondos federales y tomó una serie de medidas destinadas a impedirle la matriculación de estudiantes extranjeros, que constituyen más de un cuarto de su alumnado y una fuente esencial de ingresos. El Departamento de Seguridad Nacional informó que enviará "citaciones de obligado cumplimiento" a Harvard para que le entregue "información relevante relativa a estudiantes extranjeros".

El DHS acusa a Harvard de "permitir que estudiantes extranjeros abusen de sus privilegios de visado y aboguen por la violencia y el terrorismo en el campus" en referencia a las manifestaciones para pedir el fin de la guerra de Israel en Gaza. Además el gobierno de Trump notificó al ente encargado de acreditar a Havard que ésta viola la ley federal de derechos civiles y sugirió que hay "pruebas sólidas" para revocar su acreditación.

Esta amenaza se produce después de que la semana pasada el gobierno acusara a la universidad de violar la ley de derechos civiles al permitir la discriminación de estudiantes judíos. Harvard reaccionó diciendo que aunque "las citaciones del gobierno son injustificadas, la universidad seguirá cooperando con las peticiones y obligaciones legales" y considera las acciones del ejecutivo de "represalia".