La creación de 46 juzgados federales y la implementación del juicio por jurados son dos puntos importantes del texto que el Presidente pulió ayer en Olivos junto a Marcela Losardo.

El Gobierno nacional termina de pulir el proyecto de reforma judicial que enviará al Congreso esta semana. “Va a ser lo que denominamos una `reforma corta´”, aseguraron altas fuentes del área  y la propuesta apunta a que sean 46 los jueces federales, repartidos entre los doce de Comodoro Py (hay algunos juzgados vacantes).  Se sumarán 34 entre los fueros penal y penal económico. También pondrá en funcionamiento el sistema de juicios por jurados y no habrá modificaciones en cuanto a la elección y los concursos de los jueces. El presidente Alberto Fernández analizaba este domingo en la quinta de Olivos con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, los últimos detalles del documento.

Se pondrá en marcha el juicio por jurados. Eso está en la Constitución…el concepto es que  en lugar de un juez profesional, hoy muchos influidos por la prensa y la política, no tienen tantos intereses atravesados.  Estará compuesto por doce integrantes”, señalaron  fuentes que trabajan hasta el último minuto en la confección del proyecto que será enviado al Senado para que inicie su tratamiento. “El sistema acusatorio ya pasó por el Congreso. Lo que falta sobre ese tema también pasará por el Congreso”, destacaron ante las versiones que impulsaba la oposición de que estaba incluido el sistema acusatorio en el proyecto de reforma. 

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El Frente de Todos asumió el diez de diciembre de 2019 y gobernó poco menos de cuatro meses, tiempo insuficiente para desarrollar el programa político por el que había sido votado. La pandemia internacional de coronavirus y el posterior decreto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio de Fernández para evitar la masificación de los contagios dominaron el escenario político. El mantenimiento del sistema de salud sin colapso pasó a ser la tarea diaria del gobierno nacional y en la provincias.

En el discurso inaugural de sesiones legislativas, el Presidente había asegurado que se proponía “impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”. Veinte días más tarde comenzó el ASPO que puso obligatoriamente en el freezer los anuncios para trabajar sobre la salud de la población.

“Se sumarán los jueces en lo penal económico y jueces penales de capital a un único fuero federal, por lo tanto las causas sobre corrupción y drogas ya no se sortearán entre los doce juzgados de Comodoro Py sino entre cincuenta”, destacaron los funcionarios y técnicos jurídicos que analizaban y elaboraban los cambios que se pondrán a disposición de los legisladores nacionales para modificar una parte del sistema judicial. Los abogados de consulta y los funcionarios destacaron que “ninguno de los cambios vale para las causas anteriores que seguirán con los mismos jueces“, descartando los reclamos de algunos legisladores y dirigentes de la oposición que se quejaban acusando que los cambios propiciaban el encubrimiento de algunas casas en trámite.

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La revisión del anteproyecto era revisado en la tarde del domingo por el presidente junto a Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para definir los últimos detalles. La reforma había sido solicitada a Losardo, Ibarra y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y formó parte del programa político que resultó el más votado en las elecciones del 2019. El documento también cuenta por la supervisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que durante sus dos mandatos intentó mejorar el sistema judicial y se encontró con una fuerte resistencia de jueces y fiscales. 

El sistema acusatorio ya fue tratado en el Parlamento por lo que el contenido del proyecto que enviará el Poder Ejecutivo lo que hará será poner “en marcha el sistema acusatorio…. el fiscal investiga y acusa, la defensa defiende y el juez supervisa el proceso, ordena detenciones y allanamientos”. En una entrevista exclusiva para PáginaI12, el presidente ya había anticipado que “lo que he cuidado es que el criterio del juez natural no se pierda. Que nadie pierda una investigación que tiene en curso. Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas. Ningún juez pierde su causa. Todos los jueces que están actuando siguen actuando. Mi mayor preocupación es que nadie diga que hacemos esto para garantizar la impunidad de ‘fulano’ o ‘mengano’. Hemos tenido todos los cuidados”.

Fuente Pagina 12