Los empresarios ya manifestaron su enojo con los requisitos: consideran que el efecto inflacionario puede aparentar ganancias en casos de pérdidas reales

El plan de ayuda estatal a las empresas en crisis empezó a hacer los números finos y la primera conclusión es que se entregarán subsidios para pagar los salarios de dos millones de trabajadores en cerca de 180.000 empresas del sector privado.

De esa manera, según los datos oficiales registrados hasta anoche, se verían beneficiados menos de la mitad de los 420.000 empleadores que se habían anotado en los últimos días para recibir el salario complementario, equivalente al 50% del sueldo neto del trabajador de febrero, y reducir hasta el 95% de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Esa fue el resultado del análisis hecho por el comité de evaluación y monitoreo del programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el organismo encargado de definir las condiciones de acceso de los beneficiarios.

La eventual exclusión de más de la mitad de las empresas se debe a los criterios adoptados después de considerar el dictamen técnico producido por el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Su decisión se basó en la información agregada por la AFIP, encabezada por Mercedes Marcó del Pont, quien integra el comité junto al titular de Economía, Martín Guzmán, el de Trabajo, Claudio Moroni, y el del BCRA, Miguel Pesce.

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“Se empezó a trabajar y entraron al programa más de 180.000 empresas, unos dos millones de trabajadores”, confirmaron a iProfesional fuentes del Ejecutivo. Y precisaron que la medida “es un primer recorte”, por lo que más adelante podrían revisarse los criterios y ampliar la cantidad de beneficiarios. En esta etapa, por lo pronto, el foco estuvo puesto en ayudar a las Pymes a pagar las remuneraciones a principios de mayo.

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Pero los criterios para acceder a los subsidios oficiales no fueron bien recibidos por los empresarios. Apenas conocida la decisión administrativa 591/2020, los estudios contables y las cámaras privadas despotricaron contra la normativa.

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La normativa establece que la variación nominal de la facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 deberá ser igual al mismo período de 2019. Si se tiene en cuenta que la inflación interanual en ese período fue del 50%, una firma tuvo que haber experimentado una caída real en sus ventas del 33% para pasar el filtro de las autoridades.

Así, la aplicación de este criterio excluiría a todos los empleadores que registraron una facturación real inferior a la del año pasado pero superior en términos nominales por efectos de la inflación.