Se usaron datos de una encuesta a ejecutivos de 56 empresas del sector financiero.

“Las empresas de hoy no pueden darse el lujo de quedarse atrás en el ámbito tecnológico, sobre todo cuando tiene que ver con la seguridad de sus usuarios y la protección de sus datos y transacciones,” mencionó Adrián Sánchez, Director para América Latina, Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions 

El flamante estudio de LexisNexis revela que el costo real del cumplimiento para la prevención de lavado de activos (PLA) generado por todas las empresas argentinas de servicios financieros en Argentina se estima en $327 millones de dólares al año. 

Se usaron datos de una encuesta a ejecutivos de 56 empresas del sector financiero, incluyendo bancos, empresas de inversión, empresas de gestión de activos y aseguradoras.

En las conclusiones se demostró que la distribución de los costos de cumplimiento es bastante equitativa entre mano de obra y tecnología.

Sin embargo, las empresas más grandes emplean el doble del Equivalente a Tiempo Completo (ETC) en estos esfuerzos que las empresas más pequeñas, lo cual contribuye a que los costos de cumplimiento para las empresas más grandes sean exponencialmente más altos.

El 64% de las empresas indican que los esfuerzos de cumplimiento PLA impactan negativamente la productividad, y se estima que el promedio de pérdida de productividad es aproximadamente 46 horas de Equivalente a Tiempo Completo (ETC) cada año.

El 55% de los encuestados declararon que las iniciativas de cumplimiento de PLA generan fricción con los clientes; entre el 2% y el 4% de las solicitudes de apertura de nuevas cuentas que provocan abandonos de clientes y/o retrasos en la apertura de cuentas.

Si bien las instituciones financieras medianas usan más recursos, la dependencia de los datos de beneficiarios reales es limitada, lo que debilita la capacidad de descubrir de manera efectiva asociaciones ocultas con el lavado de dinero, particularmente en el área donde convergen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, que está plagada de actividades delictivas.

Las empresas más pequeñas tienden a tener una fuente limitada de datos para KYC y están preocupadas por la capacidad de manejar mayores volúmenes de alertas durante el próximo año.