Las últimas revelaciones sobre el rey emérito terminaron por derribar un prestigio que siempre estuvo acompañado de blindaje mediático.

El expresidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez, artífice de la Transición que llevó a ese país de la dictadura franquista a la democracia, confesó en 1995 en el transcurso de una entrevista grabada para la televisión los motivos por los que los españoles nunca fueron consultados acerca de si aceptaban el modelo de monarquía parlamentaria o si preferían volver a la República, interrumpida por el golpe de Estado de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil.

En aquella ocasión, Suárez explicó en un intervalo de la entrevista pero mientras la cámara seguía grabando, que al inicio del proceso iniciado tras la muerte de Franco algunos gobiernos democráticos europeos le exigían la celebración de un referéndum donde los ciudadanos pudiesen votar si monarquía o república. El rey Juan Carlos de Borbón había sido nombrado sucesor por el dictador y Suárez estaba convencido de dos cuestiones: la primera era que cuestionar al heredero de Franco en un momento en el que las fuerzas armadas mantenían mayoritariamente lealtad al antiguo régimen podía hacer tambalear todo el proceso; la segunda, que si los españoles eran convocados a votar lo harían mayoritariamente por la República. “Habia encuestas que decían que perdíamos”, confesó el expresidente mientras tapaba con la mano el micrófono, que sin embargo registró sus palabras.

Suárez decidió entonces incluir a la monarquía parlamentaria en la Ley para la Reforma Política que las cortes (congreso) franquistas votaron antes de disolverse. Cuando la constitución democrática fue sometida a referéndum en 1978 ya llevaba incorporada la figura del rey como jefe del Estado. Los españoles fueron invitados a votar el paquete completo, que incluía a la monarquía parlamentaria junto al sistema social y democrático de derecho, la libertad ideológica, el pluralismo político, la separación de poderes, la no confesionalidad del Estado, la función social de la propiedad y la abolición de la pena de muerte. Todo o nada, lo tomas o lo dejas. El ‘sí’ barrió con casi el 90 por ciento de los votos.

Aquella confesión de Adolfo Suárez tardó más de dos décadas en ver la luz. La periodista que realizó la entrevista nunca la dio a conocer, y el grupo de comunicación privado para el que trabajaba tardó 22 años en hacerlo. Lo hizo en 2017, cuando Juan Carlos ya había abdicado acosado por los casos de corrupción que habían saltado y que acabarían llevando a uno de su yernos, Iñaki Urdagarín, a prisión.

La ocultación durante tanto tiempo de un dato tan relevante para la historia contemporánea española no sorprendió en un país acostumbrado durante años a no escuchar críticas a su jefe de Estado.

La Constitución consagra en su artículo 62 la inviolabilidad del rey. Su persona no está sujeta a responsabilidad. Es decir, no responde ante la ley. Pero además, esa impunidad jurídica garantizada constitucionalmente se vio cubierta durante sus casi 40 años de reinado por un manto adicional de impunidad mediática. En estos días, veteranos periodistas españoles confiesan, y en algunos casos lamentan públicamente, que existió durante esas cuatro décadas un pacto implícito de silencio ante las actividades del rey. Los negocios oscuros con los que incrementó su prácticamente inexistente patrimonio cuando accedió al trono hasta límites que aún se desconocen eran vox pópuli en algunos círculos de Madrid, al igual que su agitada vida sentimental, pero los grandes medios jamás publicaron una línea.

Este blindaje mediático hizo que generaciones enteras de españoles crecieran convencidos del prestigio internacional de la familia Borbón y de que la institución monárquica en general y el rey Juan Carlos en particular constituían una garantía de estabilidad institucional y de continuidad del sistema democrático español.

Fue durante esos años cuando se acuñó el término ‘juancarlismo’ en el que encontraban cobijo quienes por sus convicciones republicanas se resistían a adherir abiertamente al sistema monárquico pero aprobaban sin reservas a la figura de Juan Carlos. No pocos dirigentes del PSOE encontraron en esa fórmula el camino para salir airosos cuando se les preguntaba acerca de la posición de su partido, formalmente republicano pero cerrado a abrir el debate sobre la forma política del Estado.

Sustentado en ese blindaje, especialmente durante los más de 13 años de gobierno de Felipe González, Juan Carlos de Borbón construyó la imagen de una persona cercana, poco respetuosa del protocolo, escasamente refinada, cercana al pueblo, con más fácil entendimiento con los políticos de centroizquierda que con los conservadores, de fuertes convicciones democráticas y europeístas y trabajadora incansable por sostener y aumentar el prestigio internacional de su país.

A esta imagen contribuyeron decisivamente los sucesos del 23 de febrero de 1981, cuando la aún joven democracia española se enfrentó a un intento de golpe de Estado involucionista cuya cabeza visible era el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero pero que tenía complicidades evidentes en instancias superiores. La historia oficial cuenta de la intervención decisiva del rey para parar el golpe, cuando la televisión pública difundió, ya de madrugada, un mensaje a la población en el que Juan Carlos, vestido con uniforme militar, ordenaba a los mandos sublevados deponer su actitud. Los documentos reservados que podrían revelar los entresijos y las conexiones de aquel levantamiento todavía no han sido desclasificados y constituyen uno de los secretos mejor guardados de la democracia española.

De todo ese prestigio construido durante casi 40 años apenas queda nada. Se empezó a desmoronar cuando se conocieron los actos de corrupción de Iñaki Urdangarín, a los que siguieron otros episodios, como los relacionados con su amante Corinna Sayn-Wittgenstein (a la que algunos medios siguen presentando como ‘la amiga del rey emérito’) o el viaje a Botsuana para participar en un safari, a donde acudió acompañado de Corinna y del que tuvo que regresar precipitadamente tras sufrir un accidente que le provocó una fractura de cadera.

En aquel momento España sufría las consecuencias de una grave crisis económica frente a la que el gobierno de Mariano Rajoy aplicaba un duro programa de recortes. El contraste evidente entre aquella situación de privaciones que sufría una mayoría de españoles y la vida sin límite presupuestario de la que disfrutaba el rey causó un divorcio con la opinión pública del que no se recuperaría.

Desde entonces, la imagen de Juan Carlos se deslizó por la pendiente del desprestigio. Las últimas revelaciones -una comisión cobrada de la monarquía saudí, la entrega de millones de euros a sus amantes Corinna y Marta Gayá, la entrada en España de maletines con dinero procedente de una cuenta suiza- lo han acabado poniendo contra la pared. Diversos medios aseguran que su hijo, el rey Felipe VI, está siendo presionado para que mediante un gesto contundente escenifique la ruptura con su padre y salve si es posible el prestigio de la institución monárquica. Ya no quedan juancarlistas.

por Héctor Barbotta, Diario Sur.



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