El Poder Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026 con una propuesta que modifica de raíz el sistema de subsidios al gas natural. El proyecto plantea eliminar la ampliación de zonas frías aplicada en 2021, lo que dejaría fuera del beneficio a más de tres millones de hogares que en los últimos años habían recibido descuentos en sus facturas.

El recorte afectaría principalmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, provincias con inviernos más templados. Si el Congreso aprueba la medida, el subsidio quedará limitado nuevamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe, como lo establecía el régimen sancionado en 2002.

El artículo 72 de la iniciativa deroga los artículos que habían ampliado la cobertura, mientras que el artículo 70 fija que el recargo máximo en las facturas será del 7,5% del precio del gas en boca de pozo, con la posibilidad de que el Ejecutivo lo modifique hasta en un 50%. Actualmente, todos los usuarios de la red -unos nueve millones- pagan un extra del 6,8% para financiar el fondo fiduciario.

Un informe de Economía y Energía detalla que 4,2 millones de usuarios hoy reciben algún subsidio por Zona Fría, de los cuales el 72% se concentra en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Solo el 17% está en provincias patagónicas, que son las que registran los inviernos más duros. Para el Gobierno, esta ampliación "desvirtuó" la lógica original del régimen.

Actualmente, el descuento general es del 30% sobre el precio del gas para los hogares en zonas frías, y llega al 50% para beneficiarios de planes sociales o instituciones de bien público. Según el mismo informe, entre 2021 y 2024 el consumo en estas regiones subió un 8,8%, mientras que en el resto del país cayó un 6,8%.

De aprobarse el Presupuesto, solo alrededor de un millón de viviendas en las zonas más frías mantendrían el beneficio, lo que dejaría fuera a la mayoría de los beneficiarios incorporados en 2021. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es lograr "equidad y uso racional de la energía", y otorga a la Secretaría de Energía la facultad de reglamentar la asignación de recursos y la compensación a las empresas.

El cambio también habilita que los fondos puedan destinarse a usuarios comerciales, modificando el espíritu inicial del régimen. Además, se anticipa que el fondo fiduciario genere excedentes, ya que pasará de cubrir a más de tres millones de hogares a solo un millón.