Argentina comenzó este viernes el año de pagos al Fondo Monetario Internacional con un desembolso de 620 millones de dólares, destinados a cubrir intereses y comisiones correspondientes a la deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquella vez, el país firmó un acuerdo por 52.000 millones, aunque sólo ingresaron efectivamente 45.000 millones.

Este pago es parte de los 2.000 millones de dólares que el país deberá abonar en total durante 2025 solo por intereses. Los otros dos vencimientos importantes del año serán de 861 millones el 1° de agosto y 883 millones el 1° de noviembre.

Para el año 2025, las obligaciones por intereses ascienden a 2.540 millones de dólares, los cuales se dividirán en cuatro pagos trimestrales. Se espera que el Gobierno de Javier Milei pueda cumplir con estos pagos, gracias a los 12.000 millones de dólares que ya recibió del FMI, más refuerzos adicionales previstos por 2.000 millones en junio y 1.000 millones hacia fin de año.

Además, el programa con el FMI incluye tres desembolsos anuales entre 2026 y 2028, de 1.400 millones de dólares cada uno, y un último pago de 700 millones en 2029, lo que completa un nuevo préstamo total de 20.000 millones de dólares.

A esto se suman otros créditos que llegarán desde organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, lo que permitirá sostener el flujo de divisas necesario para cumplir con las obligaciones del acuerdo.

Un aspecto clave del trato es que el Fondo otorgó a la Argentina un período de gracia de 4 años y medio para empezar a devolver el capital del préstamo, y un plazo total de 10 años para saldar la deuda.

Hoy, el total adeudado al FMI ronda los 57.000 millones de dólares, de los cuales 41.700 millones corresponden al capital del crédito de 2018. Los pagos más importantes llegarán entre 2027 y 2029, donde se concentra la mayor parte del compromiso.

Durante ese trienio, la Argentina deberá pagar 23.800 millones de dólares, distribuidos en 6.735 millones en 2027, 8.525 millones en 2028 y 8.535 millones en 2029. Será el período de mayor presión financiera y de prueba para la estrategia económica del país.