Aunque las cifras generales pueden sugerir estabilidad, el mercado laboral argentino muestra síntomas de deterioro. En el primer trimestre de 2025, la tasa de desempleo fue del 7,9% y la actividad laboral del 48,2%, muy similares al mismo período del año anterior. Sin embargo, un informe reciente del IERAL de la Fundación Mediterránea, elaborado por Laura Caullo, advierte que bajo estos números se esconden cambios estructurales que afectan la calidad del empleo.

Uno de los puntos más preocupantes del estudio es el avance del empleo informal, que pasó del 40,8% en 2024 al 42% en 2025. Al mismo tiempo, el trabajo asalariado registrado en el sector privado se mantiene estancado en 6,2 millones. Esto refuerza una segmentación del mercado laboral, donde solo una parte de los trabajadores accede a derechos y beneficios.

La masa salarial también refleja esta situación: los ingresos reales han tenido una recuperación limitada y no han alcanzado los niveles previos al inicio del actual gobierno. Según el IERAL, la supuesta estabilidad esconde una realidad regresiva en la calidad del empleo y en la distribución del ingreso, en contraste con los mensajes optimistas del oficialismo.

En su análisis, el informe sostiene que la informalidad no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un entramado legal y judicial que desalienta la formalidad. Las regulaciones laborales, en muchos casos desactualizadas, implican altos costos de contratación, mientras que el sistema judicial genera inseguridad jurídica. En este contexto, trabajadores y pymes optan por la informalidad para evitar los riesgos de formalizar.

Uno de los puntos críticos del estudio es el sistema de riesgos del trabajo, eje de la conflictividad judicial. En 2017 se aprobó la Ley 27.348, que buscó frenar los juicios laborales al establecer que el primer paso fuera una instancia administrativa ante las Comisiones Médicas. La medida logró, en su momento, reducir en un 36% las demandas, pero la aplicación parcial de la norma fue mermando su efecto.

En los primeros meses de 2025, la litigiosidad volvió a dispararse. Solo en el primer trimestre se registraron 25.472 nuevos juicios y, hacia marzo, había más de 301.000 causas sin resolución. Estimaciones privadas indican que el año podría cerrar con alrededor de 130.000 demandas laborales iniciadas.

El problema central, según el informe, está en el sistema pericial en los tribunales provinciales. Los peritos médicos, encargados de determinar incapacidades, cobran honorarios que aumentan según el porcentaje de incapacidad que dictaminan, lo que incentiva diagnósticos sobredimensionados y alimenta la industria del juicio.

Para el IERAL, no hace falta una nueva ley, sino cumplir con la normativa vigente. A ocho años de la reforma, aún no se han creado cuerpos médicos forenses imparciales, como lo establece la ley. Además, los honorarios periciales deberían basarse en el trabajo realizado, y no en el resultado, para evitar estos incentivos perversos.

El impacto de este escenario trasciende el plano judicial. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, deben asumir crecientes costos legales que afectan su capacidad de contratación. La incertidumbre frente a posibles juicios frena la formalización y encarece la producción, reduciendo la competitividad, sobre todo en un contexto de tipo de cambio apreciado y mayor apertura comercial.

Por último, el informe concluye que la situación laboral en Argentina enfrenta un problema estructural. Aunque los datos globales no muestran grandes cambios, la informalidad crece, la calidad del empleo se degrada y la litigiosidad condiciona la creación de puestos formales. Para revertir esta tendencia, el IERAL propone implementar correctamente las leyes existentes, ajustar los incentivos judiciales y favorecer un entorno normativo que promueva el empleo registrado y competitivo.