El peso de la factura eléctrica sigue siendo un desafío tanto para familias como para empresas, que ven crecer el costo del servicio mes a mes. Frente a este escenario, el Gobierno nacional optó por frenar la eliminación de los subsidios. A través del decreto 370/2025, se prorrogó la emergencia energética, lo que implica postergar la aplicación plena del sistema de segmentación de subsidios que había comenzado en 2022. Por ahora, las tarifas se actualizarán cada tres meses según la inflación.

La emergencia en el sistema energético regirá hasta el 9 de julio de 2026, y abarca tanto la generación como el transporte y distribución de electricidad y gas bajo jurisdicción nacional. Además, con esta medida, los entes reguladores seguirán intervenidos y la Secretaría de Energía mantendrá la potestad de definir nuevas formas de asignar la ayuda estatal.

Así, el decreto extiende el llamado "período de transición hacia subsidios más focalizados", permitiendo al Ejecutivo reformular el esquema y encontrar mecanismos más eficientes para asignar recursos. El motivo de la postergación fue la dificultad de sancionar nuevas leyes a tiempo, justo antes de que caducara la emergencia vigente.

Qué se prevé en Mendoza

Desde el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza) informaron que el viernes pasado, la Secretaría de Energía nacional emitió la resolución 226/2025, que fija los nuevos precios de energía y potencia para el período entre mayo y octubre de este año. Según estimaciones preliminares, en Mendoza el impacto será inferior al 1%, aunque aún se realizan los cálculos finales. Este porcentaje corresponde al ítem de la factura denominado "Costo de Abastecimiento", que depende del Gobierno nacional.

En cuanto al VAD (Valor Agregado de Distribución), regulado a nivel provincial, el EPRE explicó que las actualizaciones se efectúan trimestralmente en base a la inflación, tal como lo establece la normativa vigente. En definitiva, ambos componentes de la tarifa tendrán ajustes trimestrales por inflación. A su vez, se destacó que el Gobierno nacional ha extendido la segmentación para poder seguir ajustando la asistencia a quienes realmente la necesitan.

Desde la asociación Protectora, la referente Romina Ríos señaló que las próximas revisiones del régimen de subsidios se trasladarán al año que viene. "El plan de recortes comenzó en julio de 2022, pero se encontró con una gran desorganización en las bases de datos", explicó. Errores, usuarios mal registrados y una inflación persistente complicaron el cronograma. "Hoy los subsidios bajaron de un 100% a cerca del 60%", estimó Ríos.

El foco: los ingresos reales

Ríos agregó que el objetivo del nuevo gobierno es reducir los subsidios a un solo grupo, el más necesitado. Eso implicaría eliminar las tres categorías actuales, que hoy se definen por el ingreso declarado y su relación con la Canasta Básica Total (CBT). Estas categorías son: Nivel 1 (altos ingresos), que abonan la tarifa completa; Nivel 2 (ingresos bajos), y Nivel 3 (ingresos medios).

En esa línea, el economista Daniel Garro, del International Valeu Group, indicó que aunque el proceso puede tardar más de lo esperado, los recortes seguirán avanzando. Tanto en electricidad como en gas, la asistencia será exclusiva para quienes acrediten dificultades económicas, y serán los propios usuarios quienes deberán demostrar su situación. Según Garro, la meta es que para mediados de 2026 solo se mantenga este subsidio focalizado. Además, el Gobierno apunta a un modelo de servicios públicos menos concentrado.

En cuanto a la depuración del padrón de beneficiarios, ya se cruzan datos de ingresos y domicilios. Muchas personas clasificadas como N2 o N3 viven en barrios cerrados o zonas exclusivas, por lo que dejarán de recibir el subsidio estatal. Este proceso ya comenzó en el AMBA, pero el plan es extenderlo a todo el país. Desde el EPRE, por su parte, confirmaron que esperan la implementación en Mendoza.