El Gobierno nacional presentó dos peticiones judiciales con el objetivo de detener la ejecución del fallo que obliga a ceder el 51% de las acciones de YPF. La estrategia fue formalizada por la Procuración del Tesoro, que argumenta que la sentencia es inaplicable en los términos planteados y viola el marco legal argentino.

El litigio internacional, originado por la estatización de YPF en 2012, llegó a los tribunales de Nueva York bajo la conducción de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 dictó una sentencia que ordena a la Argentina pagar 16.000 millones de dólares mediante la entrega de la mayoría accionaria de la petrolera. Desde entonces, el Estado ha delineado una serie de pasos judiciales para evitar la ejecución de la medida y preservar sus intereses estratégicos.

El conflicto legal gira en torno a la nacionalización del 51% de YPF, que hasta 2012 estaba en manos de Repsol, y que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner adquirió sin realizar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas. Esta omisión fue el argumento central de los fondos demandantes Petersen/Eton Park y Bainbridge, quienes consideran que Argentina incumplió el estatuto de la compañía.

Fundamentos de la defensa argentina ante la jueza Preska

En los documentos presentados, la Procuración del Tesoro pidió la suspensión de la sentencia, alegando que su implementación entra en conflicto con la Ley 26.741, que declara de interés público los recursos hidrocarburíferos y exige autorización legislativa para cualquier cesión accionaria del Estado en YPF.

La defensa también advirtió que la pérdida del control accionario activaría cláusulas contractuales adversas tanto para la empresa como para sus inversores, afectando su estabilidad. Además, subrayó que el caso involucra aspectos jurídicos complejos que aún no fueron abordados por tribunales de apelación, lo que abre la posibilidad de que el fallo sea revisado favorablemente en instancias superiores.

Cuestiones legales, de soberanía y diplomacia

Desde el Gobierno sostienen que la resolución judicial no sólo contradice el derecho argentino, sino que además podría sentar un precedente delicado en términos de derecho internacional y afectar las relaciones exteriores de Estados Unidos. Argumentan que no existen antecedentes de que se haya ejecutado un fallo similar contra activos de un Estado extranjero bajo estas condiciones.

El documento también remarca que una eventual transferencia de acciones generaría un cambio estructural en el control de YPF, con impacto sobre actores clave como las provincias productoras y los acreedores, lo que tendría consecuencias tanto económicas como institucionales. En la misma línea, se rechazaron los intentos de los demandantes por utilizar declaraciones políticas de Axel Kicillof, aclarando que sus dichos no forman parte de la estrategia legal del Ejecutivo.

Acción apelatoria y tiempos judiciales

Mientras se aguarda la resolución de la jueza Preska sobre la solicitud de suspensión, el Estado argentino prepara su presentación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York. El objetivo será impugnar la jurisdicción de la magistrada y remarcar que la orden de transferencia no puede ejecutarse sin el aval del Congreso Nacional, lo que la torna jurídicamente inviable.

En su planteo, la Procuración también insiste en que los demandantes no verían afectado su reclamo económico si se otorga la suspensión, ya que las acciones de YPF bajo control estatal están protegidas por la legislación vigente. Esta línea busca ganar margen temporal, reforzar los argumentos ante el tribunal de apelaciones y evitar una pérdida irreversible del dominio público sobre la petrolera.