La trastienda del poder para intentar que no se apruebe el impuesto a las grandes fortunas


Por Alejandro Bercovich Especial BAE Negocios

Aunque vive involuntariamente su minuto de fama mundial como el orador al que su colega salteño Juan Emilio Ameri decidió ayer desatender por un rato, el diputado Carlos Heller viene de enfrentar el lobby más poderoso y simultáneo que se haya ejercido este año sobre los tres poderes del estado. El resultado de esas gestiones corporativas terminará de conocerse hoy, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja finalmente emita su dictamen sobre el proyecto con su firma y la de Máximo Kirchner para establecer un impuesto por única vez sobre las grandes fortunas de más de 200 millones de pesos. Pero la trama secreta del cabildeo está a punto de cumplir seis meses e incluye a banqueros, industriales, supermercadistas, contratistas, barones de la energía, jueces, fiscales, diputados y senadores. Y por supuesto, también al binomio presidencial.

El episodio más tenso se vivió en un almuerzo en la City dos semanas atrás, cuando Heller recibió en su oficina del Credicoop al dueño del Macro, Jorge Brito, con quien compitió durante casi 40 años y con quien discutió en ese lapso decenas de leyes, decretos y resoluciones de distintos gobiernos. Pasaron dos horas hablando de la crisis e incluso Brito sorprendió con argumentos muy parecidos a los que días después terminaron por imponerse con el endurecimiento del cepo cambiario, como cuando criticó “que se sigan escurriendo las reservas en compras con tarjetas de crédito”. Al final, expuso su plan A: quería que el oficialismo retirara el proyecto y lo cambiara por una sobrealícuota de Ganancias por única vez para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. Aseguró que con ese instrumento el Estado podría cosechar la misma recaudación y no ahuyentar inversiones ni darle a la oposición elementos para agitar fantasmas de expropiaciones masivas.

Ante la negativa de Heller, Brito acudió a Máximo Kirchner con otra impugnación al proyecto teñida de un súbito orgullo nacionalista: que pretende gravar a los dueños de grandes fortunas argentinos pero no a los dueños extranjeros de empresas radicadas en el país. Puso como ejemplo a Alfredo Coto, quien debería oblar la alícuota máxima del 3,5% en caso de aprobarse el tributo, pero cuyos competidores extranjeros -los dueños de Carrefour o Walmart, por caso- no estarían alcanzados. La misma “injusticia” que podría interpretarse que hay entre él y a Ana Botín, la heredera del imperio Santander, si se analizara solamente el DNI de cada uno y no un proyecto de emergencia para cubrir una cuarta parte del costo que tuvo para el fisco el paquete de medidas para sostener a la economía durante el peor cimbronazo desde el crac de 2001-2002.

Quien planteó la misma objeción pero por interpósita persona fue Marcos Marcelo Mindlin, factótum del grupo Pampa Energía y discreto comprador de IECSA, la constructora insignia del grupo Macri que comandó hasta 2017 el primo hermano de Mauricio, Ángelo Calcaterra. “Marcelo”, como lo llamó afectuosamente Alberto Fernández cuando inauguraron juntos su última usina eléctrica a fines de junio, hizo llegar su inquietud directamente a Olivos. Tampoco obtuvo respuesta inmediata.

Troyano

Máximo Kirchner escuchó a Brito y le prometió estudiar el asunto. Lo que le expuso era su plan B: lograr que bajara la alícuota para los “nacionales” y se cobrara un 0,5% a los “extranjeros”, bajo la forma de una retención de Ganancias a cuenta de ese aporte. Ya había recibido a otros empresarios top que llegaron a su secretario privado a través de Sergio Massa, su nuevo sherpa en el establishment. Pero no dejó de reprocharle el tiempo que le había tomado esa objeción. “Esperé 110 días a que me trajeran una propuesta alternativa. ¿Ahora se acuerdan? ¿En los últimos metros?”, le preguntó.

Brito se excusó en la pandemia. No mintió, porque fue de los primeros infectados en el país, aunque para cuando cenó con otros magnates y con el propio jefe de la bancada oficialista en su mansión de San Isidro -casi tres meses atrás- ya había sido dado de alta.

Otro de los ejecutivos que entendió el último mes que el proyecto iba en serio y que también activó sus contactos para bloquearlo le dijo al primogénito de Néstor y Cristina que con una ley así, jamás cumpliría su sueño de ser Presidente. Lo narró el domingo pasado Nancy Pazos en su columna dominical y lo confirmaron a BAE Negocios desde el despacho del diputado. “¿Y quién te dijo que yo quiero ser presidente?”, se limitó a responder.

La cúpula de la UIA, consustanciada con el argumento nacionalista de Brito, incluso llegó a redactar la cláusula con la que pretendía compensar esa injusticia y gravar a los extranjeros. Tal como se publicó la semana pasada en esta columna, el texto llegó hasta el despacho de Massa y desde allí irradió a toda la comisión de Presupuesto y Hacienda. Quien ordenó archivarlo y dar por terminada la discusión fue el propio Kirchner. “Esto es un troyano para que se caiga la ley”, laudó.

Un último intento corrió por cuenta de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, exsenador peronista por Córdoba y cuñado del presidente de la UIA, Miguel Acevedo. Lo propuso primero en privado y después en público, el viernes pasado en una entrevista con Radio Con Vos: que estén exentos del tributo los fondos invertidos en empresas productivas, de tal manera de evitar cobrar “un impuesto a quienes crean empleo”.

Curiosamente, el argumento fue recogido por los opositores del PRO que ya anticiparon su voto en contra incluso para que el proyecto llegue a discutirse en el recinto de Diputados. No lo esgrimieron el lavagnismo ni los radicales que se sumaron a la propuesta del oficialismo. Hoy se sabrá quiénes son mayoría, al menos en esa instancia previa al plenario.

De Kristalina a Áñez

La pregunta que quedó flotando de cara al debate es si los casi cuatro meses que demoró el oficialismo en presentar el proyecto no le dieron aire a la oposición para resistirlo en el Congreso y al establishment para intentar voltearlo ante la opinión pública, aun cuando más del 70% de la sociedad apoya la idea de que los más ricos hagan un aporte mayor ante la magnitud de la corona-crisis. En la Corte Suprema, por caso, hubo sondeos empresariales sobre su constitucionalidad a fines de abril en los despachos de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los dos ministros del tribunal que mantienen roce cotidiano con magnates. Desde entonces no se repitieron.

¿No era acaso mucho más defendible un impuesto así en mayo, cuando el hartazgo por la cuarentena no había impactado todavía tanto en el humor social? ¿No habría sido también más oportuno anunciar en ese momento el endurecimiento del control de cambios, cuando a nadie se le habría ocurrido hacer un banderazo contra el descuento de los gastos con tarjeta del cupo de 200 dólares? ¿No era en aquel momento más digerible que el gobierno hablara de “importaciones suntuarias” y de “cuidar los dólares para producir” y no ahora, cuando el hastío y la politización de la pandemia ahondaron la grieta hasta profundidades insondables? ¿No estaba incluso entonces más fresco el recuerdo de cómo la crisis había empezado mucho antes que el virus, bajo la gestión macrista?

El lamento por los problemas de timing es una constante que cruza a todo el gabinete pero que se oye especialmente en la Cancillería, donde leyeron con mucha preocupación la virulencia de las acusaciones de la presidenta de facto Jeanine Áñez contra el “populismo kirchnerista” en plena Asamblea General de la ONU. No porque la enemistad con Bolivia represente un riesgo per se, sino por la sospecha de que detrás de sus palabras haya podido estar el Departamento de Estado.

Un choque frontal con Estados Unidos es algo que Alberto Fernández sabe que no se puede permitir a las puertas de una negociación decisiva con el Fondo Monetario, donde el Tesoro es el accionista mayoritario con poder de veto. El embajador en Washington, Jorge Argüello, le aseguró al Presidente que no quedaron rencores después de la fallida postulación de Beliz para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Quien finalmente ganó esa elección, el cubano-estadounidense Mauricio Claver-Carone, le prometió a Argüello ayuda en el FMI “incluso sin que se la pidiéramos”, según reveló esta semana Felipe Solá. Pronto se sabrá si cumple.

Lo que ninguno de los dueños de grandes fortunas dejó de preguntarles a Massa, a Heller y a Kirchner es si el tributo se pagaría por única vez o si se repetiría en el futuro. Una consulta algo ingenua si se tiene en cuenta que el año que viene puede debatirse una reforma tributaria integral. Lo interesante será monitorear si en algún momento la consulta deja paso a  la conspiración. Y si en el lobby entra alguna embajada extranjera. Antes del putsch que depuso a Evo Morales y encaramó a Áñez al poder en Bolivia también se agitaban denuncias de fraude electoral sin exhibir pruebas, como hicieron acá primero Macri -por escrito en La Nación- y después, más abierta y torpemente, Esteban Bullrich.