Carlos Stornelli pidió este martes abrir una investigación judicial sobre la denuncia presentada por el Gobierno respecto a una presunta operación de inteligencia ilegal que habría incluido la grabación y difusión clandestina de conversaciones privadas de funcionarios nacionales, entre ellas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Aunque dio curso al planteo, Stornelli fue categórico al señalar que la pesquisa no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas. "La Constitución protege la actividad de prensa, cualquiera sea la valoración que se haga sobre los periodistas involucrados", aclaró el fiscal, en respuesta a un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, que había solicitado allanar el canal de streaming Carnaval y los domicilios de comunicadores vinculados a la difusión de los audios.

Según la denuncia oficial, los registros habrían sido obtenidos de manera ilegal y posteriormente editados, manipulados y distribuidos en redes sociales y medios de comunicación, con el fin de desacreditar al Ejecutivo, generar alarma pública, influir en la política económica y condicionar el clima electoral. También se sugiere que detrás de la maniobra existiría un objetivo "destituyente" y una trama más amplia que alcanzaría a sectores de la oposición kirchnerista.

www.jornadaonline.com/politica/milei-denuncio-una-red-de-espionaje-ilegal-y-apunto-contra-periodistas

El escrito subraya además que algunos periodistas habrían chantajeado a funcionarios espiados, lo que extendería el alcance del caso más allá de los audios de Karina Milei. Stornelli, por su parte, destacó que las grabaciones afectaron a funcionarios de alto rango y se realizaron en jurisdicción federal, lo que habilita la intervención de la justicia nacional.