La situación judicial de Cristina Fernández en su prisión domiciliaria sumó en las últimas horas dos ejes clave de debate: el uso de la tobillera electrónica y la posibilidad de un cambio de domicilio. Ambas cuestiones fueron abordadas en una audiencia realizada en la Cámara Federal de Casación Penal, en paralelo con un informe técnico del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que visitó a la ex mandataria en su departamento del barrio porteño de Monserrat.

Ese informe, que ya fue incorporado a la causa, concluyó que no existen impedimentos para que la ex presidente continúe utilizando el dispositivo electrónico, tal como lo ordenó el tribunal oral que lleva adelante la ejecución de su condena.

Aunque el informe no es vinculante, podría influir en la decisión que deberán tomar los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes tienen cinco días hábiles para resolver, aunque se espera una definición antes del fin de semana.

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Debate por tobillera y visitas

Durante la audiencia, el abogado defensor de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, pidió que le retiren la tobillera electrónica, calificándola de "innecesaria y burda", argumentando que no previene una fuga y que su clienta siempre estuvo a derecho, tiene custodia permanente y sería fácilmente reconocible si saliera de su domicilio.

También objetó el régimen de visitas impuesto por el tribunal, que solo permite el ingreso sin autorización previa a familiares, médicos, abogados y personal de custodia, pero exige autorización formal para cualquier otro visitante, como ocurrió recientemente con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Beraldi sostuvo que no hay base legal para esa restricción y que no existen antecedentes similares en otras prisiones domiciliarias. Además, remarcó que el tribunal no explicó cuál sería la finalidad de ese límite.

Fiscal: mantener control y cambiar el domicilio

Por su parte, el fiscal de Casación, Mario Villar, pidió que se mantengan tanto la tobillera como las restricciones de visitas. A su vez, retiró un planteo previo de la Fiscalía para que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel común, con lo cual la prisión domiciliaria seguirá vigente.

Sin embargo, el fiscal sí solicitó cambiar el domicilio actual -en la calle San José 1.111- argumentando que genera inconvenientes a los vecinos y pone en riesgo la seguridad de la ex mandataria. Apoyado en un informe de la Procuración General porteña, sostuvo que la zona ha sufrido alteraciones en su funcionamiento habitual y que las apariciones públicas en balcones representan un riesgo innecesario, recordando el intento de asesinato sufrido en 2022.

"La zona no está preparada para este tipo de detención. Los vecinos no tienen por qué soportar estas anomalías", dijo el fiscal, quien pidió buscar un "domicilio adecuado" propuesto por la defensa.

La defensa rechaza todo

Beraldi se opuso a esa posibilidad, argumentando que Cristina vive allí desde hace tres años, que su entorno familiar está organizado en función de esa ubicación y que la propia unidad de control que la visitó no detectó irregularidades en el lugar.

Sobre el impacto en el barrio, la defensa aseguró que las alteraciones fueron circunstanciales y ya no ocurren, que las manifestaciones nunca fueron impulsadas por la ex presidente, y que la seguridad en la zona mejoró con la presencia policial, incluso con menos robos, según expresaron algunos vecinos en medios.

Qué viene ahora

La última palabra la tiene la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si Cristina continúa con tobillera, si se modifican las condiciones de visitas y si debe mudarse de su actual domicilio. Mientras tanto, el proceso judicial sobre el cumplimiento de la condena de la ex presidenta sigue su curso con la mirada pública puesta sobre cada detalle.