Con la reciente confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el caso conocido como la "Ruta del dinero K" vuelve a tener movimiento en los tribunales. El fiscal federal Abel Córdoba pidió este martes que el empresario Lázaro Báez retorne a prisión para terminar de cumplir su pena de 10 años de cárcel por lavado de dinero, tras el fallo que la máxima instancia judicial dejó firme la semana pasada.

La solicitud fue presentada ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) y alcanza también al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín, condenados junto a Báez en el mismo proceso. Todos ellos ya estuvieron presos, pero el nuevo cómputo de pena realizado por el juez del TOF 4, Néstor Costabel, indica que aún les resta tiempo por cumplir.

El debate por los años ya cumplidos

Lázaro Báez estuvo detenido en el penal de Ezeiza desde el 5 de abril de 2016 hasta el 12 de diciembre de 2019, momento en que fue excarcelado al vencer el plazo de prisión preventiva sin condena. Según el cómputo oficial, acumuló tres años, seis meses y ocho días tras las rejas. De esa forma, le restan por cumplir seis años, seis meses y 22 días.

Sin embargo, su abogado Juan Villanueva objetó ese cálculo. Sostiene que, aunque fue liberado en esa causa, Báez continuó bajo prisión domiciliaria en otro expediente de lavado vinculado a la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay. Esa condena -de cuatro años y medio de cárcel, aún no firme- forma parte del mismo complejo judicial.

En su presentación, Villanueva pidió que se revise el cómputo total, argumentando que Báez lleva nueve años y dos meses privado de su libertad, entre prisión efectiva y domiciliaria. También anticipó que apelará si el tribunal no acepta su planteo.

Otros implicados: nuevos arrestos y pedidos de domiciliaria

En paralelo, el fiscal Córdoba también solicitó convertir la excarcelación del hijo del empresario, Martín Báez, en libertad condicional, dado que su condena también quedó firme y ya cumplió tiempo en prisión bajo ese régimen.

Por otra parte, el avance judicial derivó en seis detenciones el lunes, cuando varios condenados se presentaron voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de personas que no habían estado detenidas previamente y cuyas penas -todas superiores a tres años- son de cumplimiento efectivo.

Los detenidos son:

• Fabián Rossi, exapoderado de la financiera SGI.

• César Fernández, también vinculado a SGI.

• Juan Alberto De Rasis, exempleado de un banco suizo implicado.

• Carlos Molinari, empresario.

• Eduardo Castro, otro condenado por operaciones de lavado.

• Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, actualmente internado por una descompensación, bajo custodia policial.

Todos están alojados en la Superintendencia de Investigaciones Federales mientras la justicia evalúa si les concede prisión domiciliaria, en algunos casos por problemas de salud o edad avanzada. El trámite podría extenderse por una o dos semanas.

Una causa emblemática que sigue marcando agenda

La "Ruta del dinero K" fue una de las investigaciones más resonantes en torno a la corrupción durante los gobiernos kirchneristas. El caso reveló un esquema de lavado millonario con ramificaciones en la obra pública, empresas pantalla y movimientos de capitales al exterior.

Con las condenas ya firmes, la Justicia busca ahora ejecutar lo que resta del castigo, en un proceso que aún encuentra resistencia, apelaciones y reclamos de revisión por parte de las defensas. El juez Costabel deberá resolver los pedidos presentados, aunque también puede solicitar nuevas opiniones antes de dictar su decisión final.