Luego del fallo de la jueza Loretta Preska que generó toda una polémica internacional por ordenar ceder el 51% de las acciones de YPF desde el Congreso de la Nación dieron un paso a favor de blindar el control estatal al tiempo que ratificaron la ley de soberanía hidrocarburífera.

En la primera parte de la sesión del miércoles pasado, cuando durante las cuestiones de privilegio surgió el tema de YPF, el diputado Miguel Pichetto anticipó que con su bloque plantearía la ratificación del artículo 10 de la ley de expropiación en defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina.

"Para hacer uso por parte de la jueza y los acreedores, se requiere una ley de este Congreso y se necesitan los dos tercios de los representantes del Congreso -señaló-. Es lo que está estipulado en la ley de expropiación que hemos votado".

Y acaba de presentar el proyecto que había anunciado, que redactó junto a su compañero de bloque Oscar Agost Carreño: un proyecto de resolución para ratificar el artículo 10 de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera.

La iniciativa reafirma que cualquier intento de ceder, transferir o disponer de acciones de YPF SA por parte del Estado Nacional debe contar con la aprobación previa de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. Además, declara nula de nulidad absoluta cualquier acción que se realice sin esa autorización legislativa.

"El objetivo es dejar en claro que el control estatal sobre YPF no puede ser negociado ni entregado sin el aval del Congreso. Es una cuestión de soberanía energética y de respeto al marco legal vigente", señalaron los autores del proyecto.

El texto también insta al Poder Ejecutivo y a la Procuración del Tesoro a abstenerse de realizar cualquier acto jurídico que implique la pérdida total o parcial del control estatal sobre la petrolera, sin la expresa aprobación del Parlamento.

En los fundamentos, los legisladores advierten que el reciente fallo del tribunal estadounidense, en el marco del litigio iniciado por el Grupo Petersen y el fondo Burford Capital, podría abrir la puerta a negociaciones que incluyan acciones de YPF como forma de compensación. Frente a ese escenario, consideran urgente reafirmar la vigencia del artículo 10 como una herramienta de defensa jurídica y diplomática.

"La preservación de YPF como activo estratégico del Estado argentino no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales ni a presiones externas. Esta resolución es un mensaje claro: nuestras leyes se respetan y el Congreso tiene la última palabra", concluyeron.