En una decisión que puede marcar un punto de inflexión en el panorama judicial argentino, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas dictadas en la causa conocida como la "Ruta del Dinero K", rechazando por mayoría los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas de los principales acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez.

Para llegar a una resolución, el máximo tribunal debió sortear a dos conjueces, ya que no contaba con la mayoría de miembros necesaria para deliberar. Así, los camaristas Mariano Lozano (General Roca) y Ramón Luis González (Corrientes) se sumaron a los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti en la decisión de desestimar las apelaciones utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos sin expresar fundamentos. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La confirmación de las condenas recae ahora en manos del Tribunal Oral Federal N.º 4, que deberá definir qué penas se cumplirán de forma efectiva y ordenar las eventuales detenciones. En el caso de Báez, actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Una estructura de lavado con ramificaciones millonarias

La investigación judicial abordó una compleja trama de lavado de activos vinculada al Grupo Austral, que incluyó el traslado de dinero en efectivo desde Santa Cruz a Buenos Aires en vuelos privados, su posterior depósito en la financiera SGI -popularmente conocida como "La Rosadita"-, y el envío de fondos a cuentas en Uruguay y Suiza mediante empresas offshore radicadas en Panamá. La operatoria culminaba con la compra de bonos de deuda pública nacional que eran revendidos en Argentina, blanqueando así el origen ilícito de los fondos.

La causa tuvo una extensa nómina de imputados. Las penas originales, dictadas en 2021 por el TOF 4, fueron luego revisadas y parcialmente reducidas por la Cámara Federal de Casación Penal. Finalmente, quedaron confirmadas las siguientes condenas:

• Lázaro Báez, 10 años de prisión (originalmente 12).

• Martín Báez, 6 años y 6 meses.

• Leonardo Fariña, 3 años y 6 meses (pena reducida por su rol como "arrepentido").

• Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, 6 años.

• Julio Mendoza, 5 años.

• Fabián Rossi, César Fernández y Juan De Rasis, 4 años y 6 meses.

• Otros imputados recibieron penas entre 4 y 5 años.

Además, se ordenó el decomiso de más de 54 millones de dólares y se aplicaron multas económicas a las firmas involucradas.

Los planteos defensivos y la postura de la Corte

Las defensas de Báez y los demás condenados argumentaron que la figura del "autolavado" (lavado de dinero proveniente de delitos propios) no estaba penada al inicio de las maniobras, por lo cual consideraban inconstitucional su condena. También criticaron la valoración de las pruebas, el rol del "arrepentido" Fariña y la incorporación de documentos provenientes del exterior, además de sostener que la causa debió haberse juzgado en conjunto con otros expedientes como "Vialidad" o "Los Sauces".

Sin embargo, la Corte no abrió el recurso, ratificando así las decisiones tomadas en instancias anteriores. La mayoría del tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto al aplicar el artículo 280, aunque en su voto disidente, Rosenkrantz cuestionó que no se haya solicitado opinión a la Procuración General y reiteró su posición contraria a la aplicación retroactiva de la ley penal incluso en delitos permanentes, como el lavado.

El impacto sobre la causa Vialidad y Cristina Kirchner

Más allá de sus consecuencias individuales, la resolución de la Corte sienta un precedente significativo para la causa "Vialidad", donde la expresidente Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por fraude al Estado. La Corte aún debe expedirse sobre ese expediente, y una ratificación de la condena antes de agosto podría inhabilitarla para postularse como diputada en las próximas elecciones.

Mientras tanto, la confirmación de las condenas en la "Ruta del Dinero K" refuerza la línea de actuación judicial en los casos de corrupción que marcaron la última década y deja en evidencia la complejidad de investigar y sancionar redes económicas que operan al margen de la ley, incluso cuando están vinculadas al poder político.