Apenas horas después de asegurarse la victoria en las urnas, Axel Kicillof estrenó una medida que promete encender la polémica: la Provincia de Buenos Aires dispuso que las billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago comiencen a actuar como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El nuevo esquema alcanza a todas las cuentas digitales, tanto de personas como de empresas, bajo un régimen similar al de los bancos. Cada acreditación en pesos, moneda extranjera -salvo dólares- o valores quedará sujeta a retenciones, incluso para contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral.

El gobierno insiste en que no se trata de un impuesto nuevo, sino de una "armonización" con otras provincias. Sin embargo, especialistas advierten que la medida genera saldos a favor inmovilizados y cada vez más difíciles de recuperar, lo que asfixia a pymes y usuarios que dependen de estos sistemas para su liquidez diaria.

Aunque ARBA prometió agilizar devoluciones elevando de $1 a $3,5 millones el tope del trámite exprés online, la realidad es que las demoras son la norma. "Las empresas deberían pagar lo que corresponde y no quedar atrapadas en regímenes que traban su actividad", advirtió el tributarista Sebastián Domínguez.

El gobierno bonaerense elige cargar sobre los contribuyentes digitales. La señal es clara: más recaudación inmediata, aunque sea a costa de estrangular a quienes producen y consumen en la Provincia.