Cristina Kirchner y los demás condenados en Vialidad, obligados a devolver $684 mil millones
El Tribunal Oral Federal N°2 otorgó 10 días hábiles, hasta el 13 de agosto, para que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros imputados depositen el monto fijado en la sentencia. Si no cumplen, comenzará el embargo de bienes
En una resolución clave dentro de la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N°2 ordenó que Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados devuelvan al Estado un total de $684.990 millones. La cifra corresponde al decomiso solidario impuesto en la sentencia por fraude a la administración pública.
La intimación, firmada por el juez Jorge Gorini, establece un plazo de 10 días hábiles para realizar el depósito del monto en una cuenta habilitada especialmente por el Banco Nación. El plazo finaliza el próximo 13 de agosto.
Si no se concreta el pago, el tribunal avanzará con la ejecución de bienes embargados para cubrir la suma.
El fallo especifica que el monto debe ser afrontado en forma solidaria por todos los condenados, es decir, que entre las nueve personas implicadas deberán acordar cómo se realizará la devolución, sin que el tribunal detalle qué porcentaje corresponde a cada uno.
Durante el proceso, la defensa de Cristina Kirchner había intentado reducir la cifra a poco más de $42 mil millones, argumentando que esa era la estimación calculada por su propio perito. Sin embargo, el tribunal rechazó esa presentación y validó el monto definido por los peritos de la Corte Suprema.
Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados devuelvan al Estado un total de $684.990 millones
En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia, incluyendo la ampliación de restricciones patrimoniales sobre todos los condenados.
Entre esas medidas, se solicitó investigar los bienes registrados por Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, desde 2016 a la fecha, bajo la sospecha de que podría haber actuado como testaferro del empresario.
El fiscal de la causa Diego Luciani
Según consta en el expediente, en 2020 Báez le otorgó a Insaurralde un poder con amplias facultades para manejar sus asuntos comerciales. Los fiscales sospechan que esa relación podría haber servido para proteger parte de su patrimonio ante el avance de la Justicia.
