En un paso judicial que podría marcar un antes y un después en la causa más emblemática contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó este miércoles un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia en el que solicitó elevar la condena de la actual vicepresidenta a 12 años de prisión por asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad vinculada a la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

Casal sostuvo en su presentación de 13 páginas que la condena actual de seis años por administración fraudulenta es insuficiente y coincidió con la postura que durante el juicio sostuvieron los fiscales Diego Luciani, Sergio Mola y, en la instancia de Casación, Mario Villar. Además, pidió que se confisque a los condenados la suma de $5.321.049.272,42, valor que considera el verdadero perjuicio patrimonial al Estado.

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Con el dictamen en sus manos, los jueces de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- están ahora en condiciones de fallar sobre una de las causas más trascendentales del último tiempo. Más allá de sus implicancias legales, el fallo tendrá una fuerte repercusión política, ya que podría condicionar o inhabilitar a Cristina Kirchner de cara a una posible candidatura en el año electoral que atraviesa el país.

Un fallo dividido y el nuevo eje de acusación

El Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Kirchner en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, pero la absolvió por asociación ilícita. Ese fallo fue ratificado por la Cámara de Casación en noviembre de 2023. Sin embargo, ambas decisiones estuvieron lejos de la unanimidad: tanto en el juicio oral como en la revisión posterior, uno de los jueces votó en disidencia considerando que sí existió una asociación ilícita.

Casal retomó esa línea y sostuvo que no hay fundamentos para excluir esa figura penal. Argumentó que "la ejecución de un único plan fraudulento, desarrollado durante tres gobiernos y con 51 contratos adjudicados de forma irregular a una empresa vinculada a Lázaro Báez, configura una asociación ilícita". El dictamen remarcó que la Cámara de Casación eludió responder a este punto clave del planteo fiscal.

También pidió condenas para De Vido, Fatala y Garro

Además de Kirchner, el procurador pidió que también se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y de otros tres ex funcionarios. Afirmó que De Vido no fue ajeno al esquema de corrupción, sino que fue uno de sus principales impulsores, al garantizar fondos y condiciones especiales para que Austral Construcciones -la firma de Báez- se beneficiara sin que importara el avance real de las obras.

"El entonces ministro no solo conocía a fondo el funcionamiento del sistema, sino que lo dirigió y lo sostuvo durante años", escribió Casal en uno de los párrafos más contundentes.

La defensa reclama la absolución y plantea objeciones

Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, insistió ante la Corte en su pedido de absolución total. Denunció la existencia de "groseras violaciones a las garantías constitucionales" y acusó a los jueces de haber incurrido en una "arbitrariedad manifiesta". Beraldi también presentó un recurso de recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, por supuesta falta de imparcialidad, lo que la Corte deberá resolver en paralelo.

En caso de que el máximo tribunal confirme la condena, la defensa adelantó que acudirá a instancias internacionales.

Claves de la causa Vialidad

• Cargos: adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

• Condenados: Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, José Periotti y otros ex funcionarios.

• Condena actual: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta.

• Pedido de Casal: agravar la pena a 12 años por asociación ilícita y decomisar más de $5.300 millones.

• Contexto: año electoral; la Corte debe decidir en un escenario de alta sensibilidad institucional y política.