Burford cambia el tablero: no quiere acciones de YPF pero exige garantías para seguir el juicio
El fondo británico sorprendió a la Corte de Apelaciones de Nueva York: renunció formalmente a quedarse con parte de YPF, aunque insistió en que Argentina deposite garantías para apelar la sentencia de US$16.000 millones. Washington intervino a favor de la soberanía argentina
En una jugada que modificó el escenario judicial entre Argentina y el fondo Burford Capital, los demandantes en el multimillonario juicio por la expropiación de YPF le informaron oficialmente a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no están interesados en quedarse con acciones de la petrolera estatal como parte de pago de la sentencia.
Burford manifiesta explícitamente ante la Justicia estadounidense que no quiere administrar una petrolera argentina
Este inesperado giro se plasmó en un escrito presentado ante el tribunal de alzada, en el que el fondo, beneficiario de un fallo por US$16.100 millones en 2023, pidió que se exija al país una garantía para poder continuar con el proceso de apelación, pero dejando en claro su "desinterés" en convertirse en accionista de YPF.
Según analizó Sebastián Maril, de Latam Advisors, se trata de la primera vez que Burford manifiesta explícitamente ante la Justicia estadounidense que no quiere administrar una petrolera argentina. "Buscarán la manera de devolver las acciones, pero no desean que la Corte le permita al país apelar sin dejar una garantía", resumió el especialista.
Los argumentos del fondo apuntan a evitar que la Argentina consiga suspender la entrega de acciones de YPF mientras tramita su apelación, algo que ya había solicitado en instancias anteriores. Para ello, insisten en que el país debería ofrecer una garantía, aunque sin detallar en el escrito cuál sería el mecanismo alternativo que proponen.
Loretta Preska
Sebastián Soler, exprocurador del Tesoro argentino, recordó que en 2023 los demandantes ya habían planteado ante la jueza Loretta Preska que Argentina garantizara el proceso con la mitad de las acciones estatales de YPF y los derechos sobre una deuda del Ente Binacional Yacyretá por unos US$2000 millones. Preska había considerado razonable esa exigencia.
Pero ahora, la discusión cobra otra dimensión. Mientras el fondo presiona para que se fije alguna clase de garantía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó, en paralelo, un escrito de "amicus curiae" apoyando la postura argentina.
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El gobierno de Washington planteó que el caso "tiene implicancias significativas para la política exterior de los Estados Unidos" y dejó claro su interés en que se respeten los principios de inmunidad soberana, alertando sobre posibles consecuencias recíprocas para los bienes estadounidenses en tribunales extranjeros.
La Corte de Apelaciones aún no definió la fecha de audiencia ni se espera una decisión de fondo antes de 2026, pero el próximo movimiento clave será de la Argentina: el país tiene hasta el 22 de julio para presentar su descargo formal. Si la Cámara acepta el planteo argentino, la orden de Preska quedará suspendida hasta que se resuelva el recurso.
En cambio, si lo rechaza, el Estado deberá cumplir con la entrega de acciones de YPF mientras continúa el juicio. Una pulseada judicial que sigue sumando capítulos, ahora con un giro inesperado por parte de los propios demandantes.
