La Justicia Federal de Mendoza comenzó a tramitar la primera demanda civil vinculada a los posibles efectos adversos de la vacunación contra el Covid-19. La acción fue presentada por un empresario vitivinícola y jubilado de 74 años, residente en el distrito de Vistalba, en Luján de Cuyo, quien sostiene haber sufrido una Trombosis Venosa Profunda (TVP) tras recibir dos dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, en 2021.

La causa -caratulada como demanda por daños y perjuicios- quedó radicada en el Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Pablo Quirós, y cuenta con la validación de la fiscal federal María Alejandra Obregón, quien ratificó la competencia judicial a los pocos días de ingresada la presentación, el pasado 4 de febrero.

Según la demanda, el hombre se inoculó el 10 de junio y el 4 de julio de 2021 en el Área Sanitaria de Luján de Cuyo, siguiendo las indicaciones del plan nacional de vacunación. Un mes después, comenzó a presentar síntomas como fiebre, dolores musculares y cosquilleos en las extremidades. En septiembre fue internado y dado de alta en el Hospital Santa Isabel de Hungría. Dos meses más tarde, fue diagnosticado con TVP, una afección que lo obligó a iniciar un tratamiento anticoagulante de por vida.

El planteo judicial incluye una solicitud de reparación económica por un total de $152.058.050, desglosado en diversos rubros como daño moral, daño emergente, daño punitivo, incapacidad sobreviniente y pérdida de chance. Además, la demanda cuestiona la constitucionalidad de artículos de la Ley 27.573, que regula la adquisición y distribución de vacunas contra el coronavirus, por entender que otorgan inmunidad legal a los fabricantes y limitan el acceso a mecanismos de reclamo.

El expediente también señala que el denunciante no presentaba antecedentes médicos compatibles con la afección antes de vacunarse, y que su calidad de vida se ha visto deteriorada de manera significativa. Entre otras consecuencias, ya no puede practicar deportes, manejar maquinaria agrícola ni realizar viajes largos, lo que impacta tanto en su actividad productiva como en su vida personal.

Denuncias en otras provincias

Aunque la presentación mendocina es la primera en esta jurisdicción federal, no es un caso aislado en el país. En Córdoba, la familia de Ronald Biglione, un futbolista de 32 años fallecido en 2021 por una púrpura trombocitopénica trombótica, reclama $400 millones al Estado y al laboratorio. También en esa provincia, una enfermera de 57 años inició una acción por $220 millones, tras ser diagnosticada con síndrome de Sjogren y púrpura trombocitopénica luego de recibir una tercera dosis de AstraZeneca.

Otra demanda fue presentada por Flavia Ochoa, oriunda de Coronel Moldes, quien denuncia haber desarrollado síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia tras recibir la vacuna. Su reclamo asciende a $100 millones.

Según abogados que patrocinan estos casos, hay al menos media docena de demandas similares en jurisdicciones como Mar del Plata, Rosario, Azul, Salta, Mercedes y San Martín, aunque hasta el momento no se han dictado sentencias.

Un debate aún abierto

La presentación judicial en Mendoza hace eje en el contexto sanitario y social durante la pandemia, señalando que el denunciante accedió a la vacunación bajo una fuerte presión comunicacional y restricciones normativas como el pasaporte sanitario. La demanda argumenta que esa situación atentó contra su derecho al consentimiento informado.

Por otro lado, el escrito sostiene que las cláusulas de confidencialidad e indemnidad en los contratos de provisión de vacunas "obstaculizan el acceso a la verdad científica y jurídica", y plantea que se vulneraron derechos fundamentales del ciudadano.

Panorama nacional

Mientras estas causas avanzan en el fuero civil, en paralelo se abrieron investigaciones penales para evaluar responsabilidades y posibles consecuencias sanitarias derivadas de la vacunación. Expertos consultados por distintos tribunales federales participan en las pericias ordenadas por la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de estos reclamos, las autoridades sanitarias nacionales han mantenido su respaldo a las campañas de vacunación como estrategia fundamental para mitigar los efectos del Covid-19, y no se han modificado los criterios de inmunización para la población general.

La resolución de estas causas podría marcar un precedente relevante en la relación entre salud pública, responsabilidad estatal y derechos individuales. La mirada estará puesta, especialmente, en lo que dictamine la Justicia Federal de Mendoza en esta primera causa de su tipo.

 Resumen de la indemnización reclamada en Mendoza:

Incapacidad sobreviniente: $130.285.050

Pérdida de chance económica: $4.500.000

Daño emergente: $1.000.000

Daño moral: $6.300.000

Daño punitivo (solo AstraZeneca): $10.000.000

Total reclamado: $152.058.050