El superintendente general del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, Sergio Marinelli, respondió a la denuncia que la Fiscalía de Estado de La Pampa presentó ante la Justicia Federal por supuesta alteración de datos sobre el caudal del río Atuel. La acusación, impulsada por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, apunta a tres funcionarios del DGI, incluido Marinelli.

En diálogo con "Lado A" en Radio Jornada 91.9, Marinelli negó irregularidades y señaló que la denuncia forma parte de una estrategia política de La Pampa, carente de fundamentos técnicos, en medio de una disputa histórica por el agua del Atuel.

Denuncia sin sustento: una maniobra política

Marinelli aseguró que los datos de caudal que publica el DGI son provisorios, transparentes y sujetos a ajustes, y que se miden con equipamiento técnico y profesionalidad. Explicó que la estación de aforo donde se toman las mediciones, La Estrechura, presenta dificultades técnicas por sedimentación y cambios en el cauce que afectan la precisión.

"El reclamo es un efecto político de La Pampa, que busca justificar presentaciones anteriores sin rigor técnico", afirmó Marinelli. También recordó denuncias previas, como la acusación sobre construcción de reservorios, que definió como "barbaridades técnicas".

Contexto climático y disputa histórica

El superintendente reconoció que la menor cantidad de nieve en la cordillera y otros factores climáticos afectan el caudal del río Atuel, y que la prioridad en Mendoza es asegurar el consumo humano y productivo, especialmente en zonas áridas como Alvear.

Respecto a la posibilidad de acuerdos con La Pampa, Marinelli sostuvo que la provincia vecina busca cogobernar la cuenca completa, algo que Mendoza no acepta por cuestiones legales y constitucionales. Propuso establecer una "cuenta de agua común" para transparentar la gestión, pero lamentó que La Pampa rechace invertir en obras para mejorar el sistema.

Control y monitoreo: el rol del DGI

Marinelli destacó el trabajo del DGI en el control del uso de aguas superficiales y subterráneas, con especial énfasis en proyectos como la minería de San Jorge, donde se exige autorización para uso del agua y se monitorea el impacto ambiental.

También remarcó la creación del Observatorio del Agua, una herramienta pública y transparente que busca sumar a universidades, municipios y organizaciones ambientales al seguimiento del recurso hídrico. Señaló que la experiencia técnica del organismo permite enfrentar problemas históricos, como la contaminación por benceno en el río Mendoza, con controles rigurosos y abiertos para recuperar la confianza social.