MULTA

Sancionaron con más de cuatro millones de pesos a un integrante de grupo religioso que hizo pintadas en el Manzano

Un integrante de la congregación Verbo Encarnado de San Rafael fue multado con $4.200.000 por realizar pintadas con aerosol en piedras y postes del Área Natural Protegida Manzano - Portillo de Piuquenes. Además, deberá limpiar los daños en un plazo de 30 días.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, aplicó una multa de $4.200.000 a un vecino de San Rafael que realizó grafitis dentro del Área Natural Protegida Manzano - Portillo de Piuquenes. También se ordenó la limpieza inmediata de las superficies dañadas.

El responsable fue identificado como Adrián Ramón Figueredo Acosta, residente en San Rafael, quien no presentó descargo por la infracción. Las pintadas se hicieron con aerosol rojo sobre unas veinte rocas de unos 35 x 35 centímetros, además de postes del lugar. Los símbolos incluían flechas, círculos e inscripciones "CE", y buscaban marcar el camino hacia la Laguna de Arenales. Los grafitis fueron detectados en sectores del Cajón de Arenales y del sendero al Cerro Punta Verde, ambos dentro del área protegida.

El expediente señala que Figueredo Acosta, junto con otro sacerdote del Verbo Encarnado de San Rafael, Jorge Rafael Agustín López, reconocieron haber hecho las marcas el 6 de septiembre de 2025. Según explicaron, el objetivo era señalizar senderos para un encuentro de la agrupación religiosa previsto para el 20 de septiembre.

El Ministerio remarcó que la acción viola la Ley Provincial N° 8400/12, que protege el paisaje y el patrimonio geológico, y la Ley N° 6045/93, que prohíbe cualquier alteración innecesaria de los ambientes naturales. La Unidad Técnica clasificó la infracción como de "poca entidad", al considerar que es reversible, y aplicó una sanción de 10.000 UF.

Además, se intimó al responsable a realizar la limpieza de las piedras pintadas, procedimiento que deberá ser informado y aprobado previamente por la Dirección de Áreas Protegidas. El infractor tiene 30 días para abonar la multa en la delegación de San Rafael o, en caso contrario, el Estado avanzará con el cobro judicial por vía de apremio.

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