La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó que la jueza María Servini reabra una investigación para que se analicen las responsabilidades de la agrupación Montoneros en el atentado a una repartición de la Policía Federal, ocurrida en julio de 1976, en plena dictadura, que provocó la muerte de 24 personas y 60 heridos.

Los camaristas declararon la nulidad de la resolución donde los acusados habían sido sobreseídos, entre ellos Horacio Verbitsky y Mario Firmenich, y pidieron que se analice si corresponde encuadrar los hechos como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, o en su caso resolver si inicia un juicio de la verdad para dar respuesta a los familiares de las víctimas.

En noviembre pasado, Servini se había negado a reabrir el expediente sin darles trámite a los planteos. Su argumento fue que la causa había sido declarada prescripta y que eso no podía revisarse. Ahora, una instancia superior le exige que analice nuevamente el caso.

De esta manera surge una nueva oportunidad de juzgar el atentado ocurrido el 2 de julio de 1976, a las 13.20, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal.

“El hecho atribuido por los impugnantes se centra en el acontecimiento del 2 de julio de 1976, a las 13.20 h. Mediante la colocación de un poderoso artefacto explosivo, que detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal, se ocasionó el fallecimiento de 24 personas y más 60 resultaron heridas. Al respecto, indicaron como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza, entre otras personas que integraran la Organización Montoneros”, precisaron los jueces en su decisión.

Ese ataque provocó la muerte de 24 personas (19 hombres y cinco mujeres) y más 60 resultaron heridas. El autor material fue José María Salgado, alias "Pepe", un joven agente de policía de 21 años que mantenía una activa militancia en Montoneros, que ya actuaba en la clandestinidad. El también estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires luego sería torturado y asesinado en la ESMA.

Salgado se preparó y ensayó para el ataque. Durante los días previos ingresó varias veces a la dependencia policial con un paquete y comprobó que nadie lo revisaba. El día programado llevó un maletín con la carga explosiva de 9 kilos de TNT y bolillas de acero –una bomba de tipo vietnamita-, preparada en laboratorios de dos unidades básicas de La Plata. Lo dejó en la silla, con el detonante de tiempo activado, y abandonó el lugar.

Montoneros se atribuyó el ataque pocas horas después de la explosión, en un comunicado en el que definió al atentado como “un hecho de guerra”.

Tras el atentado, Salgado siguió combatiendo en Montoneros. Hoy su nombre luce en el Parque de la Memoria, el monumento con el que el gobierno de la Ciudad recuerda a las víctimas de la represión militar.

Asimetrías

En 2006, la jueza Servini rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado por entender que no era un crimen de lesa humanidad. El caso escaló a la Corte Suprema que confirmó ese criterio.

A fines del año pasado, un grupo organizaciones civiles y 400 abogados se presentaron en el juzgado para pedir la reapertura de la causa y solicitar que sea declarado imprescriptible. En ese contexto solicitaron llamados a indagatorias y capturas de los líderes de Montoneros.

Servini rechazó in límine la petición porque consideró que la acción penal ya estaba prescripta. Ahora, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia decidieron anular la resolución de la jueza para que dicte un nuevo fallo. 

La Cámara Federal entendió que la resolución de Servini era “inválida porque prescindió considerar cuestiones previas y expresamente introducidas en derredor de la maniobra denunciada, las cuales necesariamente había que merituar para dar una respuesta suficiente en los términos exigidos por la norma antes aludida”.

Y por ello, señaló que “a efectos de que se agoten todas las hipótesis posibles con los que se pueda afrontar un hecho como el contenido en esta causa, corresponde declarar la nulidad del decisorio y devolver las actuaciones a la anterior instancia para que se proceda conforme lo indicado”.

La presentación judicial que busca declarar crímenes de lesa humanidad a los atentados de los Montoneros y del ERP, entre otras organizaciones guerrilleras, es interpretada por sus impulsores como una oportunidad para corregir asimetrías que llevan décadas.