En respuesta al fallo judicial que obliga a la Argentina a ceder el 51% de las acciones de YPF, el senador nacional Maximiliano Abad, referente de la UCR, presentó una iniciativa en el Senado destinada a fortalecer la inmunidad soberana del país. El legislador consideró que la resolución dictada por la Justicia de Nueva York constituye un "grave atropello a la soberanía nacional".

"El interés del país y su autonomía deben defenderse con respeto a la Constitución, apego a la ley y visión de Estado", planteó Abad. Su propuesta apunta a que la Cámara Alta reafirme los alcances del artículo 10 de la Ley 26.741, que regula la expropiación de las acciones de la petrolera estatal.

Dicho artículo establece que para formalizar la titularidad de las acciones expropiadas, debe dejarse constancia de que la medida es por utilidad pública y que su futura transferencia solo puede realizarse con el aval del Congreso por una mayoría de dos tercios.

En este sentido, el proyecto advierte que acatar el fallo de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, implicaría una violación a los principios de inmunidad y no injerencia internacional. Para Abad, "ningún tribunal extranjero puede forzar a la Argentina a actuar en contra de su Constitución. La entrega de acciones requiere una aprobación legislativa calificada, lo cual vuelve el fallo inaceptable tanto en términos legales como políticos".

El texto también sostiene que el Senado, al pronunciarse, creará un marco político y normativo que refuerce la postura del Gobierno nacional en su proceso de apelación y evite una cesión directa de las acciones sin debate parlamentario.

"El litigio por YPF no es solo un juicio, sino una nueva batalla por el control de nuestros recursos estratégicos. YPF representa el dominio nacional sobre el petróleo y sigue siendo un símbolo de soberanía energética. Lo que busca el fallo es condicionar esa potestad a favor de intereses especulativos", afirmó el senador.

En el proyecto, Abad también alertó sobre las consecuencias económicas de cumplir con la sentencia: desde la caída de reservas hasta el debilitamiento del sistema financiero interno, pasando por la pérdida de confianza inversora y el riesgo de una crisis institucional. "Defender a YPF es proteger el federalismo, la autonomía del Congreso y el futuro energético del país", concluyó.

Argentina apelará el fallo por YPF

El país deberá pagar más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital y otros demandantes, en una causa originada en 2015, que cuestiona la forma en que el gobierno de Cristina Kirchner reestatizó YPF en 2012. El conflicto surge porque no se respetaron los derechos de los accionistas minoritarios, a diferencia del trato a Repsol, que recibió una compensación de 6.000 millones de dólares.

El presidente Javier Milei reaccionó con dureza, apuntando contra el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por su rol como ministro de Economía en aquel proceso. "Llegar a esta situación es culpa directa del inútil soviético de Kicillof, cuando era ministro de la condenada CFK", lanzó el mandatario.

Asimismo, Milei confirmó que su Gobierno apelará el fallo en todas las instancias posibles, y convocó a su equipo más cercano para evaluar el impacto del fallo y otros temas urgentes, entre ellos el futuro del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuyas atribuciones vencen próximamente según lo establecido por la Ley Bases.