Esta mañana, en Cámara de Diputado, el Ejecutivo provincial avanzó con la presentación de un proyecto de Ley para la reforma del Código Procesal Penal. La iniciativa busca acelerar la resolución de causas y garantizar que los procesos penales se desarrollen en tiempo oportuno.

La propuesta fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; la vicegobernadora, Hebe Casado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. 

La iniciativa busca ampliar la disponibilidad de audiencias, equilibrar las cargas entre jueces, potenciar la actuación de ayudantes fiscales y codefensores y ordenar la agenda de audiencias en el fuero penal.

"Tiene que ver con la mejora sustancial de dos servicios esenciales. Por supuesto que el primero es la seguridad, pero concretamente la justicia y su incidencia en materia de seguridad", indicó Rus.

El proyecto se apoya en tres ejes principales

El primero es garantizar una franja horaria más amplia para audiencias penales, extendiéndola al horario vespertino para dar respuesta inmediata a los casos y evitar demoras que frenen el avance de los procesos. El segundo apunta a ampliar la participación de operadores judiciales, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitirá que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se multiplique la capacidad operativa del sistema. El tercero propone reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones por frustraciones evitables y postergaciones, y asegurar un flujo ordenado y ágil de los procesos judiciales.

La ministra Rus señaló que esta reforma complementa una serie de cambios impulsados en los últimos años en el fuero penal, orientados a ordenar desajustes, equilibrar la carga de trabajo entre jueces y tribunales y evitar un uso inadecuado de herramientas como el juicio abreviado o las condenas de ejecución condicional, previniendo abusos y garantizando mayor efectividad, "porque todo esto tiene incidencia en seguridad".

"Esto es optimizar recursos dentro del sistema judicial para justamente no elevar el costo ni el gasto público. Es decir, creemos que multiplicando los decisores y haciendo una reorganización también de todo lo que tiene que ver con las audiencias, podemos gestionar un sistema de seguridad más efectivo, más rápido", expresó.

En esa línea, subrayó que "tenemos una política de seguridad que no se contenta solo con las aprehensiones por parte de la de la Policía", explicando que "no solo contamos con un buen número de detenciones, muchas de ellas en flagrancia, sino que además nos hemos involucrado de lleno con el sistema penitenciario".

De esta manera, la ministra afirmó que "nos ocupamos especialmente de qué pasa con las personas que recuperan la libertad y nos preocupamos por lo que hace la Justicia respecto de los aprehendidos por la Policía de Mendoza. Todo eso también hace el sistema de seguridad".

Finalmente, sostuvo que "sabemos que el fuero penal es uno de los fueros más exigidos, es el que directamente está relacionado con seguridad", a lo que agregó que con esta propuesta, "se va a fortalecer esta mirada de la ciudadanía de justicia, que es muy importante legitimar porque eso hace también al orden público".