Polémica: Valentina Olguín usó el CUIT de cuatro gobernadores para importar ropa al país
La influencer santiagueña habría utilizado datos fiscales de varios gobernadores para sortear los límites aduaneros y vender ropa importada.
La cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín, de 26 años, enfrenta una investigación judicial por presuntamente usar los datos fiscales de al menos cinco gobernadores argentinos para importar ropa desde el exterior. El caso, que está a cargo de la Justicia Federal de Tucumán, se conoció tras una denuncia presentada a fines de 2024 por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien recibió un correo electrónico sobre una compra internacional que nunca había realizado.
El fiscal Agustín Chit encabeza la causa, que se amplió rápidamente cuando se descubrió que otros gobernadores también habrían sido víctimas del mismo esquema. Entre ellos se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis).
Según los investigadores, Olguín utilizaba los nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los mandatarios para realizar compras a través de Courier, un método de importación que tiene controles menos estrictos y permite esquivar el límite personal de cinco compras anuales de hasta 5.000 dólares impuesto por Aduana.
Cuando fue identificada, Olguín intentó justificar su conducta, argumentando que había superado su propio cupo de compras internacionales y que los datos fiscales de los gobernadores los había obtenido de Internet. Sin embargo, el fiscal Chit sostiene que existen elementos suficientes para probar que la joven actuó con intención de defraudar, por lo que quedó imputada por el delito de contrabando simulado.
Los investigadores aseguran que la cantante vendía las prendas desde su departamento en Buenos Aires a través de una tienda online conocida por ofrecer productos exclusivos a precios accesibles, sin contar con un local comercial habilitado. Las ventas se habrían extendido a Córdoba, Santiago del Estero y otros puntos del país.
La causa está actualmente en manos del juez federal tucumano José Manuel Díaz Vélez, aunque no se descarta que, por la denuncia presentada por Axel Kicillof, el caso pase a la Justicia Federal bonaerense.