Bloques opositores de ambas Cámaras legislativas presentaron un proyecto conjunto para solicitar la creación de una Comisión Investigadora Bicameral que analice posibles irregularidades en el proceso de contratación directa llevado adelante por el Ministerio de Seguridad de Mendoza para la adquisición de más de 4 millones de viandas, con un presupuesto que supera los $54.000 millones.

El proceso comenzó con una licitación pública que finalmente se dio de baja y fue reemplazada por una contratación directa. Este procedimiento fue objeto de observaciones por parte de la Fiscalía de Estado, quien señaló inconsistencias técnicas y jurídicas durante la evaluación de las ofertas. Además, el expediente fue girado a los organismos de control como Ética Pública y el Tribunal de Cuentas. 

Legisladores del Partido Justicialista, Unión Mendocina y el Partido Verde, entre otros espacios, indicaron que se trata de un monto equiparable al presupuesto anual de varios municipios, por lo que es imprescindible ejercer el rol de control institucional que le corresponde a la Legislatura. 

"La legislatura tiene la obligación constitucional de funcionar como órgano de control del Ejecutivo. Esta situación exige una respuesta concreta y no puede quedar sin revisión política ni técnica", expresaron desde la oposición. También señalaron que, en lugar de reabrir una nueva licitación con más oferentes, se optó por un proceso discrecional que favoreció a una empresa que ya prestaba el servicio y que no presentó oferta válida en la instancia anterior. 

Además, denunciaron que varios pedidos de informes vinculados a este proceso siguen sin ser respondidos o han sido modificados por el oficialismo para evitar que se brinde información clave. Frente a esta falta de transparencia, la oposición no descarta avanzar con otras herramientas administrativas y judiciales si no se habilita el debate legislativo."La gravedad del caso amerita una investigación política seria. No se trata solo de un expediente administrativo: se trata del uso de fondos públicos, de transparencia y de respeto institucional", remarcaron. 

El proyecto ya fue ingresado en ambas Cámaras y se espera que la semana próxima pueda ser tratado. Desde los bloques proponentes insisten en que el tratamiento del tema "habla de la madurez democrática" y de la necesidad de que la Legislatura recupere su rol de contralor activo del Ejecutivo.