En un avance acelerado y antes de quedarse sin poderes delegados, el Presidente Javier Milei avanzó con su motosierra contra el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que controla la calidad del vino argentino. Con este cambio que decidió Nación, el organismo que tiene sede central en Mendoza, pasará a ser una unidad dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina. 

Esta modificación se hizo oficial a través del decreto 462/2025, publicado en el Boletín Oficial. En cuanto al titular del organismo, Carlos Tizio, mantiene un firme hermetismo sin dirigirse a la prensa local sobre lo que está sucediendo con el instituto.   

El inv deja de controlar etapas de cosecha, elaboración y fraccionamiento del vino

A través de sus redes sociales, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que "el INV dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada)".

Además, sostuvo que "las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, a disposición de los productores que las requieran, y podrán ser emitidas por el propio INV o por entidades privadas". De acuerdo con el funcionario, esto obligará al ente regulador a tener "cordura", algo que "no necesita tener si los productores están obligados a recurrir en exclusiva al ente estatal".

"De esa manera sacamos al INV de la función de producción para concentrarlo en el control del producto que es lo que realmente importa", afirmó Sturzenegger.

"La catástrofe había ocurrido en el gobierno de Alfonsín, cuando se introdujo el Articulo 24bis a la ley 14.878, dándole potestad al INV de controlar cualquier cosa. La delegación legislativa nos permite modificar estas funciones del INV para focalizarlas, como decíamos, exclusivamente en el control del producto final". 

"Las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, a disposición de los productores que las requieran, y podrán ser emitidas por el propio INV o por entidades privadas. Este es otro principio general de las reformas del Presidente: que un trámite se pueda hacer en el sector público o en el sector privado. Esto obliga al regulador a ejercitar cierta "cordura" que no necesita tener si los productores están obligados a recurrir en exclusiva al ente estatal. Y de hecho la certificación de origen, en algunos casos ya la dan los privados, como en Luján de Cuyo. En otros productos no es necesaria: quizás a un vino de menor calidad le alcanza con decir "Mendoza" sin tener que ir por un engorroso trámite de certificación de origen en el INV. Se mantienen, por supuesto, las certificaciones para exportaciones expedidas por el INV, cuando así lo exijan los países de destino. Que esto se mantuviera fue un pedido unánime de toda la industria y también del gobernador Alfredo Cornejov(que también pidió que mantuviéramos el nombre del instituto)", sentencia. 

Milei se quedó sin poderes especiales para Gobernar 

Este martes, se vencieron las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo y, a contra reloj, el presidente Javier Milei hizo reformas a diferentes organismos nacionales.

Desde el oficialismo minimizan el impacto de gobernar sin las facultades delegadas que fueron consagradas en la ley Bases, y aprobada por las dos cámaras del Congreso en junio de 2024. La normativa permitía al Poder Ejecutivo legislar vía decretos en cuatro áreas específicas declaradas en emergencia: la administrativa, la económico-financiera y la energética.