La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus junto; el director y la subdirectora general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana y Alejandra Llarena, presentaron la incorporación de 47 profesionales que fortalecerán la asistencia y el tratamiento de personas privadas de libertad en Mendoza.

"Se trata de la incorporación más grande de profesionales para asistencia y tratamiento de personas privadas de libertad en toda la historia del Servicio Penitenciario", destacó la ministra en el inicio del acto.

Esta incorporación forma parte de un plan integral del Ministerio de Seguridad y Justicia para robustecer el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). A partir de hoy, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, licenciados en enfermería, entre otros profesionales, comenzarán a desempeñarse en diversas áreas del Sistema Penitenciario.

"Estos 47 profesionales ingresan con la jerarquía de oficiales subadjutores y serán distribuidos en distintos establecimientos carcelarios y Órganos Técnicos Criminológicos (OTC) de toda la provincia, incluyendo el Sur mendocino, donde también se suman", remarcó la ministra, y calificó esta incorporación como "un paso enorme que fortalece todos los oasis penitenciarios y la gestión del servicio".

La funcionaria también aseguró la importancia de esta medida, ya que "estos profesionales cumplen un rol fundamental en la asistencia, el tratamiento y el diagnóstico de las personas privadas de libertad, lo cual es clave para los fines de resocialización que persigue el servicio".

Además, Rus señaló que la iniciativa va más allá del encierro. "Robustecemos los planes de tratamiento pensando en quienes están intramuros, pero también en sus capacidades para desarrollar una vida en comunidad una vez fuera. Todo esto impacta directamente en la seguridad ciudadana. Por eso, era fundamental estar presentes junto con estos profesionales".

Oficializada a principios de este mes a través del Boletín Oficial, esta incorporación responde a un concurso abierto iniciado en noviembre de 2024, dirigido a personal civil con formación específica en áreas vinculadas al tratamiento y la asistencia en contextos de encierro. Tras un riguroso proceso de selección, se suman trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, médicos, terapistas ocupacionales, farmacéuticos, bioquímicos y licenciados en enfermería.

En ese sentido, Rus subrayó la importancia política y presupuestaria detrás de la decisión. "Esto significa una inversión importante, prevista en el presupuesto. El gobernador acompaña esta visión, que no es común en otros servicios penitenciarios. Incorporar psicólogos, trabajadores sociales y médicos a la asistencia es fundamental porque entendemos que esto es clave para la seguridad".

Sobre el cierre del acto, el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, destacó el compromiso de los nuevos profesionales agradeciendo la finalización del proceso de selección. "Sé que han recibido la capacitación correspondiente y solo les deseo treinta años de servicio, nada más que eso, el mejor proceso. Oficialmente sean bienvenidos al Servicio Penitenciario de Mendoza".

La ministra concluyó con un balance del proceso aseverando que "son profesionales que pasaron por un concurso abierto de oposición y antecedentes que comenzó el año pasado. Fue un proceso exigente, con un número muy alto de aspirantes, y estos son los elegidos tras exámenes y pruebas psicotécnicas. Además, se valoró el perfil y la vocación pública, indispensable para quienes van a prestar servicios en el Servicio Penitenciario".

Capacitación específica para el trabajo en contextos de encierro

Antes de asumir sus funciones, los 47 profesionales incorporados al Servicio Penitenciario Provincial completaron una capacitación específica orientada a brindar herramientas teóricas y prácticas para la intervención en contextos de privación de libertad. El proceso formativo fue diseñado y dictado por el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), en articulación con el Servicio Penitenciario y la Subsecretaría de Justicia.

La capacitación, de carácter obligatorio, tuvo una duración de dos semanas y se desarrolló bajo modalidad presencial. Estuvo centrada en contenidos vinculados al marco legal que regula el sistema penitenciario, derechos humanos, protocolos de intervención sanitaria y psicosocial, normativas internas de funcionamiento, técnicas de abordaje interdisciplinario y principios de seguridad institucional.

Además, los profesionales recibieron formación sobre el rol específico que deberán desempeñar dentro del sistema, con foco en el trabajo en equipo, la prevención de situaciones de violencia, la gestión de conflictos y la elaboración de informes técnicos. También se abordaron aspectos vinculados a la ética profesional, la confidencialidad de la información y la contención emocional tanto de las personas privadas de libertad como del personal penitenciario.

Esta etapa formativa tuvo como objetivo principal garantizar que los nuevos ingresos cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su tarea de manera eficaz, respetuosa de los derechos y en línea con los estándares institucionales que promueve el Ministerio de Seguridad y Justicia.