Sergio Marinelli abrió su alocución manifestando que históricamente "es un tema sensible el agua subterránea para Mendoza, el agua en general"; por lo que "hay que tener una política de Estado, a largo plazo, para la gestión del agua en Mendoza, para la política hídrica". En ese sentido sostuvo que sobre todo para el agua subterránea, no hubo anteriormente una política específica, remarcando que "no han tenido una planificación adecuada respecto del agua subterránea, aunque sí para el agua superficial".

En este contexto, señaló "errores y aciertos", profundizó sobre la historia hidrológica de la provincia, en cómo se han extendido los oasis, y en el aprovechamiento de la aguas, fundamentalmente en lo referido al Río Mendoza, las actividades productivas y los distintos aprovechamientos. También se refirió a algunos expedientes que se han judicializado en el último tiempo, sobre lo cual expresó la postura de la dependencia que dirige. Explicó que "hay dos cuestiones clave cuando se otorgan permisos: disponibilidad de agua y la no afectación de terceros, todo enmarcado en un proceso normativo".

Afirmó que lo que se encuentra pendiente en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es "el otorgamiento de 21 perforaciones (19 ya realizadas), que las hicieron a través de un formato que permitía la legislación que era un consorcio, pero finalmente se realizaron de manera individual por parte de cada empresa, y eso es lo que hizo que estemos en litigio". Resumió el funcionario que "no se cuestionó, de alguna manera, la cantidad de agua. Un acuífero que ya estaba restringido desde hacía tiempo, y que siguió siempre restringido".

Asimismo, resaltó que todo lo actuado es conforme a lo establecido por la Ley 4.035 (y modificatorias), más la Resolución nº 751 del organismo; ya que desde que asumió, se inició un proceso normativo-normalizador de lo actuado, fundamentalmente en materia administrativa, por lo que se suspendieron las autorizaciones de los pedidos para nuevas perforaciones.

Marcela Andino, asesora del organismo, destacó por su parte que "el acceso al agua tiene dos momentos importantes. La solicitud en sí, y luego la intervención de dos órganos: el superintendente (si otorga el permiso y si este se realiza, se evalúa la calidad del agua), y luego la concesión del uso del agua". Resaltó que uno de los pilares es el respeto por el "principio de igualdad" entre los solicitantes y que a la hora de tomar decisiones "lo ambiental" es sumamente importante para poder avanzar dentro de este marco normativo planteado.

La especialista resaltó que el proceso de ordenamiento llevado a cabo en la dependencia tiene dos ejes: modernización de la gestión del agua subterránea (desde 1974 Mendoza somete a las aguas subterráneas a la gestión pública, con lo cual a lo largo del tiempo hubo desarrollo normativo pero no profundización ni de las normativas ni de la legislación) y, a la par, resolver la parte administrativa, burocrática (expedientes pendientes en el marco de toda la provincia y en especial de las áreas de restricción establecidas, como la margen derecha del Río Mendoza y Cuenca Superior del Río Tunuyán).

También sostuvo que el uso de las aguas subterráneas en Mendoza es temporal. Dura 50 años, y se pide el uso de caudalímetros, entre otras condiciones. A la vez, hubo al momento de iniciar este proceso de normalización, una serie de resoluciones que dictaban cómo deberían resolverse los expedientes pendientes con pedidos de nuevas autorizaciones fundamentalmente.

A partir de la gestión de Marinelli en el DGI, se expresó en la reunión que el eje de la modernización de la gestión de las aguas subterráneas ha sido en base a la Resolución 1541/17, que de alguna forma, pone en marcha el proceso e incorpora un mapa de disponibilidad del recurso; la Resolución 751 que se encuentra vinculada a que las concesiones son por 50 años, que el caudal es determinado en función de la demanda global y provisorio, sistema de tecnificación y uso obligatorio de caudalímetros, entre los más importantes; y la Resolución 1542/17 que comprende un Registro de Solicitudes.

En este sentido, en un segundo eje, referido al reordenamiento de las solicitudes de permisos sin resolver, todo se ajusta a las Resoluciones 898/17 (Sustituciones), 899 (ratificaciones), y 1540/17 (Proc. Tramitación).

"Cuando uno viene a la Legislatura a informar, lo hace con posiciones que están basadas en fundamentos serios, desde lo legal, desde lo técnico", dijo Marinelli, agregando que "si hay objeciones por un problema de agua, tendrían que ser objeciones que tenían que haberse planteado antes de que yo llegara, como lo expliqué claramente con lo que había pasado históricamente con el agua subterránea", y "si fueran planteos de orden legal, tendrían que explicarse o fundamentarse en algún tipo de normativa".

En relación a las resoluciones 1108 y 125, expuso que esto es un proceso que no puede analizarse de manera aislada. "Se vienen haciendo estudios permanentes sobre la base de ese acuífero en particular como también lo hacemos en el resto de los acuíferos de la provincia", destacando que la primera resolución, "establece la continuidad de la restricción, y que va a seguir restringido. Lo que no quita que en el proceso iniciado en el 2017, que estipulaba una cantidad de agua que ya estaba avalada por los institutos de investigación, que no afectaba al acuífero para hacer nada, lo único que hicimos ahora es que en las nuevas condiciones, las condiciones de cambio climático y futuras, se mantengan esos criterios de aquel momento".

"Se mantienen porque además hubo 7 permisos que fueron dados de baja, 3 de los cuales están firmes, ese volumen de agua más el volumen de agua que se redujo de los que ya hemos otorgado, porque se entiende que los cultivos necesitan menos agua, da un volumen que no afecta de ninguna manera al acuífero, y que conjugado esa disponibilidad de agua con todo el proceso administrativo y jurídico, nos permite dar estos permisos que no están dados todavía", aclaró.

"Si cumplen con todo, lo que hace la resolución 125 es dar las condiciones sobre las cuales se podrían otorgar los permisos. Habilita la posibilidad de otorgar los permisos, siempre y cuando cumplan determinadas condiciones", puntualizó

A su turno, distintos legisladores realizaron consultas a los funcionarios presentes; estas inquietudes fueron contestadas, y para aquellos legisladores que aún continúan con dudas llevarán a cabo pedidos de mayor información y consultas para ampliar los temas.