Un nuevo escándalo sacude a la Liga Mendocina de Fútbol: cuatro personas fueron formalmente acusadas por estafas y falsificación de estudios médicos requeridos para la participación de los jugadores. El fiscal Juan Manuel Sánchez, a cargo de la causa, imputó a tres empleadas de la Municipalidad de Maipú, entre ellas una médica, y al delegado del sindicato de empleados municipales de esa comuna.

Según fuentes judiciales, los acusados son Fabio Alenda, representante del Sindicato STMM de Maipú y señalado como el principal organizador del fraude; la médica Natalia Lourdes Busceme; y las empleadas Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy, madre e hija. Todos deberán presentarse el lunes próximo para ser notificados y ya cuentan con restricciones judiciales mientras continúa el proceso.

El fiscal estableció una caución económica millonaria: cincuenta millones de pesos para Alenda, veinte millones para Busceme y diez millones para cada una de las otras dos mujeres. Además, les prohibió salir del país, les ordenó comparecencia mensual ante la Justicia y adelantó que pedirá la inhibición de bienes de todos los imputados.

La causa revela que Alenda gestionó un convenio con la Liga Mendocina a través de la firma "STMM Salud", mediante el cual ofrecían realizar los exámenes cardiológicos obligatorios para los futbolistas. Para validar la habilitación del servicio, se falsificó la participación de una cardióloga cuyo nombre y firma fueron adulterados, según denunció Marisa Torre, la profesional afectada.

Con esta falsa acreditación, la Liga contrató el servicio e impuso a los jugadores federados la realización de dos estudios cardiológicos por año, cuyos costos fueron solventados por ellos mismos. En el período comprendido entre dos mil veintidós y el primer semestre de dos mil veinticinco, los valores oscilaron entre ocho mil y treinta y siete mil pesos, alcanzando a más de nueve mil cien jugadores de treinta y un clubes afiliados.

No obstante, el Ministerio Público determinó que Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy administrativas del Centro de Salud 16/365- no estaban capacitadas ni habilitadas legalmente para realizar electrocardiogramas. A pesar de eso, los informes eran elaborados con equipos sin control técnico y firmados con sellos falsos de la doctora Torre.

En la investigación se contabilizaron al menos ciento doce planillas médicas adulteradas, ochocientas sesenta fichas manipuladas y casi mil documentos falsificados. Incluso cuando los aparatos detectaban posibles anomalías cardíacas, el grupo extendía órdenes para estudios complementarios también falsificadas, simulando un circuito de atención médica inexistente.

Los delitos atribuidos incluyen estafa reiterada, uso de documentos apócrifos y falsificación de instrumentos privados, todos en concurso real y bajo la figura de coautores. La causa sigue bajo análisis y no se descartan nuevas imputaciones, advirtieron las fuentes judiciales.