La provincia de Mendoza está inmersa en una ambiciosa tarea de saneamiento normativo. La iniciativa, conocida popularmente como "Ley Hojarasca", busca "depurar el marco normativo provincial, eliminando leyes obsoletas e irredundantes".

Lucas Faure, abogado y secretario legislativo del Senado de Mendoza, explicó en "Agenda Abierta" en Radio Jornada, que el objetivo es "reducir la burocracia, sino también a modernizar el Estado y brindar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y emprendedores".

Esta segunda etapa del proyecto se ha enfocado en el análisis de leyes sancionadas entre 1951 y 1975. De las 172 leyes generales vigentes estudiadas en ese periodo, se propone la derogación de 87.

Faure destacó que el principal desafío, al igual que en la primera fase (1896 a 1950), es "coordinar un gran equipo que es el que está revisando las leyes". Aseguró que el trabajo es continuo: "Ahora que se está trabajando en el proyecto de la segunda etapa, estamos trabajando en el proyecto de la tercera, y así vamos avanzando hasta llegar a la actualidad". La tercera fase cubrirá el periodo desde 1976 hasta 1990, aproximadamente.

Criterios de Desuso y Normas Generales

El equipo se focaliza exclusivamente en las leyes generales vigentes, aquellas que "producen efectos sobre la generalidad de la población".

El criterio crucial para proponer la eliminación es que la ley haya caído en desuso. Faure explicó qué significa esto: la ley "ya no se hace cumplir ni por parte del Estado, ni tampoco la cumple la ciudadanía".

Los argumentos para determinar la eliminación de normas:

1. Si no ha sido reemplazada por normativa posterior.2. Si hace referencia a un organismo que "ya en la práctica no existe", como las leyes que creaban la dirección provincial de aeronáutica, cuyas funciones están delegadas al gobierno nacional.3. Si perdió sentido por "el paso del tiempo, los cambios tecnológicos, la economía y demás, ya no tienen ningún tipo de sentido que siga estando vigente".

Al justificar el esfuerzo que implica la "Ley Hojarasca", Faure advirtió sobre los problemas que genera el exceso de normas, específicamente la sobrelegislación y la baja calidad normativa.

"Cuanto mayor cantidad de leyes tenés, menos posibilidad tiene el Estado de hacer cumplirlas. Y menos efectivas se vuelven las leyes". Esto, explicó, comienza a generar lo que se conoce como "una anomia legislativa". El riesgo es que, si la ciudadanía percibe que las leyes antiguas no se cumplen, "eso pueda producir efectos sobre las leyes actuales, es decir, que no se cumplan las leyes actuales".

La existencia de una legislación "abrumante" dificulta la labor de los profesionales. Faure puso como ejemplo a los inversores externos: "Un inversor que viene de afuera y quiere estudiar, no sé, todas las leyes que hay en relación, por ejemplo, al vino, a la minería... probablemente se vaya a encontrar con leyes que no están en uso, a pesar de estar vigente, y puede producir confusión". Mencionó que en la primera etapa se encontró una ley que estipulaba un impuesto al consumo del vino, que si no se verificaba su desuso, "hubiese afectado a la inversión, digamos, ¿no? O a la decisión de invertir en Mendoza".

Amplio consenso con la oposición 

Faure destacó que la iniciativa cuenta con un fuerte respaldo, siendo impulsada directamente por la vicegobernadora Hebe Casado. Ella facilitó la coordinación con el Ministerio de Desregulación de la Nación, a cargo de Federico Sturzenegger, quienes colaboraron con "el establecimiento de la metodología".

La recepción política ha sido positiva, contando con el "consenso de todo el arco político de Mendoza". Aunque la primera etapa tuvo oposición de algunos sectores, la media sanción de esta segunda etapa en el Senado salió "por unanimidad", incluyendo el apoyo del senador del Partido Verde. A pesar de la oposición inicial, el apoyo general fue del "95% de los legisladores" en la primera etapa.

De cara al futuro, Faure aspira a que Mendoza posea un "digesto actualizado, donde la información se presente accesible para el ciudadano, transparente, clara".

El proceso de modernización ya está avanzando hacia una segunda fase de análisis: la escucha activa del sector privado. La meta es "aprovechar la oportunidad de derogar las leyes que están en desuso para saber cuáles son las leyes que están en uso y molestan". Ya se han reunido con el Consejo Empresario Mendocino y otras cámaras para que contribuyan en identificar leyes a retocar o modificar "en pos del desarrollo productivo de la provincia".

Finalmente, el Senado busca mejorar la calidad de las futuras normativas. Para ello, se está capacitando a personal de planta permanente para que funcione como un "cuerpo de asesores permanente" hacia los bloques legislativos, buscando así "atacar el problema desde dos aristas, desde las leyes que ya fueron sancionadas y desde las leyes que se van a sancionar a futuro".