La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó este lunes ante el Senado, el proyecto de ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca actualizar y reemplazar la normativa vigente desde 1992.

Puntualmente, los lineamientos de la propuesta busca transformar el sistema de residuos en Mendoza bajo principios de sostenibilidad, salud pública e inclusión.

Latorre, señaló que actualmente existen 56 basurales identificados en distintos puntos de la provincia, la mayoría en áreas metropolitanas, donde la densidad poblacional genera una mayor presión sobre el sistema de recolección y tratamiento.

La propuesta del Ejecutivo impulsa un cambio de paradigma en la forma de entender, planificar y ejecutar la gestión de residuos. El proyecto incorpora conceptos como economía circular, trazabilidad, articulación intermunicipal y gobernanza ambiental, con el objetivo de convertir a los residuos en recursos aprovechables.

Alcances de la nueva ley

La ley abarca tanto los residuos sólidos urbanos como aquellos considerados asimilables: residuos industriales, agroindustriales y otros que, sin estar tipificados como peligrosos o patológicos, requieren tratamiento y control. La propuesta también prevé articular con otros regímenes vigentes, como el de residuos peligrosos y electrónicos, para evitar superposiciones y garantizar una gestión integral.

El texto legislativo se estructura en 12 títulos, que detallan aspectos técnicos, institucionales y operativos del sistema. Entre ellos, se destacan la clasificación y definición de los residuos, la organización del sistema de gestión, los mecanismos de control y fiscalización, y las herramientas de financiamiento.

Finalmente, se abrió una ronda de consultas en la que los legisladores pudieron evacuar dudas y realizar aportes al proyecto. Desde el ministerio señalaron que el texto está abierto a sugerencias, y destacaron la importancia de que la comisión fuera conjunta.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca dar un salto cualitativo en la política ambiental de Mendoza, transformando una problemática histórica en una oportunidad para el desarrollo sostenible.