El Senado de Mendoza aprobó este martes el proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público, que fue impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa que tuvo tratamiento en la Legislatura propone actualizar un marco normativo que posee más de cincuenta años de vigencia, desde en 1973.

La votación terminó siendo reñida por un empate de 19 votos afirmativos y 19 negativos, resultado que fue desempatado por la vicegobernadora Hebe Casado, quien votó a favor de la propuesta impulsada por el Gobierno provincial.

Desde el bloque de Adriana Cano, no acompañaron la iniciativa y pedían que el proyecto vuelva a comisiones por falta de consenso, pero el oficialismo hizo valer su mayoría y se impuso. 

Cano sostuvo que la propuesta se centra en el ataque sistemático y la precarización del empleo público en Mendoza, impulsada por el Ejecutivo y aprobada mediante "mayorías automáticas". 

En su intervención, la legisladora peronista consideró que el gobernador utiliza a la Legislatura para ratificar expedientes de "fracasos paritarios" y para otorgar aumentos salariales por decreto a su conveniencia. 

"El proyecto de modificación del estatuto debería haberse discutido en los ámbitos paritarios, pero el gobernador demuestra un "desconocimiento" y "desapego" hacia los principios laborales y la libertad sindical", lanzó. 

Asimismo, Cano denunció un "modelo de concentración de poder" donde el gobernador no tolera los contrapesos, ahoga las instituciones, y centraliza la determinación política del ingreso y despido al Estado.

Cambios Clave de la Reforma

Entre las modificaciones esenciales que plantea el proyecto, destacan:

• Alcance y Modernización: Se modernizan los artículos iniciales del Decreto Ley 560/73, extendiendo su alcance a personal que actualmente estaba excluido de la carrera administrativa.

• Estabilidad Laboral: Se establecen diferencias claras en los derechos de estabilidad laboral entre los agentes permanentes y los empleados interinos o contratados.

• Antigüedad e Indemnización: Se limita el cómputo de la antigüedad únicamente a aquellos servicios que cuenten con relación de dependencia y aportes previsionales. Asimismo, se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.

• Procedimientos Administrativos: Se busca eliminar procedimientos recursivos obsoletos y se establece la aplicación del procedimiento administrativo común, tal como lo prevé la Ley 9003.. En cuanto a la defensa del trabajador, se mantiene el acceso a los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y se habilita la acción procesal administrativa regulada por la Ley 3918 en caso de agotar la vía administrativa.