La Oficina Anticorrupción (OA) concluyó que el presidente Javier Milei no cometió faltas éticas al anunciar el lanzamiento del criptoactivo $LIBRA a través de sus redes personales, ligadas al denominado "Viva la Libertad Project".

La resolución fue emitida el 5 de junio y despeja, al menos por ahora, los cuestionamientos surgidos en el ámbito político, judicial y financiero tras la publicación del mandatario el 14 de febrero de 2025 en la red social X (antes Twitter).

El informe, firmado por Alejandro Melik, actual titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia, concluyó que Milei no quebrantó la Ley de Ética en la Función Pública. El foco de la pesquisa fue establecer si el mensaje había constituido un acto formal, si había implicado uso de recursos estatales, o si había funcionado como promoción de intereses personales o de terceros.

Según la OA, la publicación desde la cuenta @JMilei fue una expresión privada, sin relación con decisiones administrativas, apoyo institucional ni utilización de fondos públicos. El documento subraya que no hubo direccionamiento oficial de políticas públicas y que Milei no incurrió en omisiones de deber ni conflictos de intereses.

Cabe recordar que el posteo del presidente incluía enlaces al token $LIBRA alojado en la red Solana, lo que ocasionó un aumento repentino en su cotización, seguido de una fuerte baja. Esto derivó en denuncias penales por presunto fraude y manipulación del mercado, entre ellas las impulsadas por Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

En paralelo, la OA evaluó la conducta de Sergio Daniel Morales, ex asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien fue vinculado a actores del entorno cripto. Si bien no se hallaron faltas durante su paso por la CNV, se recomendó que el organismo valore la apertura de una investigación interna por eventual uso de información confidencial.

El dictamen de la OA se basa en lineamientos doctrinarios y referencias judiciales internacionales, como fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre el uso de cuentas personales por funcionarios. En esa línea, se reafirma que estas plataformas están protegidas por la libertad de expresión, siempre que no impliquen actos institucionales.

A pesar del respaldo administrativo, el caso sigue su curso en el fuero federal, con la jueza María Servini al frente y el fiscal Eduardo Taiano interviniendo. Por su parte, la OA aclaró que ninguna secretaría nacional -ni Comunicación, ni Legal y Técnica, ni Innovación- participó ni avaló oficialmente la difusión del proyecto.